Como un auténtico “agujero negro”, la reaprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán absorbió prácticamente toda la discusión pública. Pareciera fácil justificar este proceder dada la relevancia del personaje aunque, en un análisis menos apasionado, tal vez el hecho sea lo de menos. Ni México ni el mundo son un lugar mejor tras la captura del narcotraficante; tampoco la situación estará peor, como suele rezar la “opiniocracia” en las postrimerías de acontecimientos similares. En un gobierno como el que encabeza el presidente Peña, donde la imagen dice más que mil acciones, resulta vital no dejarse llevar por golpes mediáticos que descarrilan cualquier otro asunto. Las próximas semanas serán decisivas en materias como las telecomunicaciones, la competencia económica, la transparencia, la evolución de la intervención federal en Michoacán, el análisis de los resultados de la cuenta pública de 2012 (el tormentoso año donde el PAN fue sacado de Los Pinos), la reglamentación de la consulta popular y, por supuesto, el tan prometido tema energético. Los “chapos” van y vienen (y hasta se multiplican), pero una mala reforma puede quedarse por muchos años y generar perjuicios todavía más perdurables.
1-La captura de “El Chapo”: la complejidad de colocarla en su justa dimensión. El caricaturista Paco Calderón, haciendo un poco mofa de las declaraciones del comisionado para Michoacán, Alfredo Castillo, afirmó que la captura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera era “la papaya en el pastel” de la estrategia de combate a la delincuencia del gobierno federal. Aun cuando la noticia causó revuelo en el mundo, arrasó con las primeras planas de los principales periódicos de circulación nacional (incluso dos días después del hecho), y generó una nueva oleada de especialistas de ocasión en materia de seguridad, la reaprehensión de Guzmán Loera en un curioso operativo en el malecón de Mazatlán, deja más preguntas y especulaciones que certezas. Indudablemente, para la imagen de la gestión del presidente Peña, el acontecimiento acarreó consecuencias positivas, al menos de botepronto. Sin embargo, la “imposibilidad” de su extradición a Estados Unidos apelando al debido proceso, el grado de participación de fuerzas estadounidenses en la operación, las polémicas declaraciones de funcionarios de la DEA que aseguran la inyección de recursos del cartel de Sinaloa a campañas políticas, y el futuro inmediato de la política de seguridad en México, son apenas unos cuantos elementos del disperso rompecabezas del cómo, por qué, y para qué del combate al crimen organizado en general, y contra el tráfico de drogas en particular. Dada la coyuntura, ¿qué hay más allá de los lugares comunes derrochados cuando ocurre la caída de un gran capo?
2-La reglamentación de la reforma constitucional sobre competencia económica: avances regulatorios o herramientas de control político. El pasado 18 de febrero, el presidente Peña envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para una nueva Ley Federal de Competencia Económica (abrogando en consecuencia la vigente desde diciembre de 1992), así como una adición al Código Penal Federal que dará facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a fin de perseguir por querella los delitos vinculados con colusión en su sector (antes, sólo la Comisión Federal de Competencia tenía esa atribución para todo el espectro económico). El espíritu fundamental de las reformas se refiere a “prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados”. A pesar de las bondades que pretende sustanciar la nueva regulación, el sector empresarial ha manifestado su preocupación ante riesgos como la partición discrecional de corporaciones consideradas monopolios absolutos o relativos, la poca claridad en la definición de conceptos clave como la dominancia y la preponderancia, la opacidad en los procesos iniciados por los órganos reguladores, entre otros. ¿Es realmente esta propuesta un “arma de doble filo” en cuanto al fomento a la competencia? ¿Cuáles son las ventajas y riesgos verdaderos?
3-La consulta popular: de la farsa a la irrelevancia. La noche del 20 de febrero, las Comisiones Unidas de Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana, y Estudios Legislativos, aprobaron en el Senado sin cambios la minuta que les fue enviada desde San Lázaro en lo concerniente a la reglamentación del artículo 35 constitucional en el tema de consulta popular. La mayoría conformada por legisladores del PRI y el PAN hizo prevalecer el punto de mayor polémica del documento, es decir, la imposibilidad de someter a dicho ejercicio de democracia directa la modificación a reformas constitucionales, así como a asuntos polémicos como cuestiones vinculadas con recursos públicos. A pesar de que se espera el voto contrario de las izquierdas, la nueva Ley de Consulta Popular tiene altas probabilidades de quedar consumada en las próximas horas. Ahora bien, en una declaración –rescatada por el columnista de Excélsior, Francisco Garfias— del coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones, el legislador señaló que un “buen tema” a propósito del uso de la consulta popular en 2015 podría ser el de la legalización de la marihuana. Este “guiño” de Beltrones parece poner sobre la mesa otra “manzana de la discordia”, sobre todo al interior del PRD, con la intención de dividir posturas. Ante el impedimento legal de llevar el tema de la reforma energética a consulta, pero a sabiendas del empecinamiento de algunos sectores en el particular, impulsar la tentación del asunto de la marihuana no es menor. ¿Será la consulta popular un escenario ideal para el desfogue de las batallas mediáticas aunque, en muchas ocasiones, irrelevantes de la oposición?
4-Hacia un ¿nuevo? IFAI. La tarde del 24 de febrero, los cuatro comisionados en funciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) comparecieron ante las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y Estudios Legislativos, Segunda, en su derecho constitucional de audiencia de cara a la decisión que deberán tomar los senadores a finales de este mes sobre su permanencia o no en sus respectivos cargos. Si bien el Instituto ha estado sometido a presiones dados los escándalos de índole administrativa y hasta personal entre los miembros de su pleno, el organismo parece haber continuado funcionando con normalidad en los meses subsecuentes. De hecho, durante sus presentaciones en el Senado, los comisionados privilegiaron la defensa de la institucionalidad del IFAI y coincidieron en destacar la conveniencia de aprovechar su experiencia en asuntos de transparencia federal con el objetivo de facilitar la curva de aprendizaje de los tres nuevos integrantes del pleno, el cual fue aumentado tras la reforma decretada el 7 de febrero pasado. No obstante, algunas voces desde la sociedad civil claman por una renovación total del IFAI, tal como se hizo, por ejemplo, en la transición de la COFETEL al IFT. Aquí surge la interrogante, ¿la operatividad, objetividad y credibilidad del IFAI en verdad se beneficiaría de un “borrón y cuenta nueva”? ¿No sería necesario ir más allá de la autonomía adquirida y hacer una profunda revisión de los mecanismos de designación de los comisionados? ¿Cuáles son los retos del IFAI, independientemente de quienes integren su estructura?
5-La (tremenda) Corte y los colosos de las telecomunicaciones. Ante la incertidumbre que rodea a un órgano como el IFT y sus recientemente otorgadas atribuciones todavía sin reglamentación, el Poder Judicial ha adquirido un papel preponderante en el intento de resolución de la primera gran resistencia por parte de las grandes televisoras del país a acatar los mandatos de la reforma en telecomunicaciones. Después de que un juez de lo cívico en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal fallara sobre la supuesta incompetencia del IFT en el tema de obligar a las televisoras a dar su señal de manera gratuita a los sistemas de televisión restringida, la Presidencia de la República interpuso una controversia dirigida a anular dicha resolución. Finalmente, el 18 de febrero pasado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, concedió una suspensión al dictado del juzgado capitalino, lo cual volvió a facilitar a todas las empresas de TV de paga la transmisión de los canales de señal abierta bajo el principio de must carry, must offer, dictado en las modificaciones constitucionales de junio de 2013. Ahora, TV Azteca emprende un nuevo embate contra Dish, el principal actor en la controversia, en esta ocasión acusándolo de concentración ante el IFT (órgano al que las televisoras de Salinas Pliego y Azcárraga intentaron desconocer). Televisa también ha promovido querellas similares. La judicialización del must carry, must offer, cada vez se asemeja más a una muy antigua serie radiofónica cubana –luego replicada en una versión para la televisión mexicana—, donde más que buscar el cumplimiento de las leyes, se replican rencillas personales (aquí entre magnates, no entre miserables como en “La tremenda corte”), enmarcadas en una picaresca muy lejana a la institucionalidad. ¿Podrá la reglamentación de la reforma (si es que llega pronto) ordenar estos desaguisados? ¿Tendrá el Estado las herramientas necesarias para el control de los poderes fácticos?
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