Justo cuando está por cumplirse el primer año de su gestión, la hora de la verdad para la administración Peña Nieto también está por iniciar. El Poder Ejecutivo deberá ser cuidadoso al momento de implementar su estrategia política (concediendo su existencia, claro está). Las reformas que quiso el presidente ahí estarán. El bono de justificar la ausencia de resultados por las “inercias negativas” de administraciones anteriores o de los “ajustes por el nuevo gobierno” se ha agotado. Después de los famosos “120 días cruciales para cambiar a México”, Peña Nieto y su equipo apenas comenzarán a padecer el principio de los costos del regreso del PRI a Los Pinos. Hasta el momento, el actual gobierno aprueba en materia de negociación política. Veremos qué tal lo hacen en lo más importante. Al final se verá si hay en verdad una voluntad de cambio o sólo de restauración de control del poder.
1-El Vocero del Gobierno de la República: ¿reducir los riesgos del discurso? El pasado 22 de noviembre fue publicada una adición al Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República, la cual oficializa la creación de una figura diseñada para alinear, coordinar y de facto centralizar las áreas de comunicación social de la Administración Pública Federal. El cargo que ahora ostenta Eduardo Sánchez Hernández –además de su propia personalidad— tiene diferencias de fondo respecto a aquellos funcionarios que le antecedieron en labores similares en otras administraciones como Rubén Aguilar, Martha Sahagún, Fernando Lerdo de Tejada y Alejandro Poiré. En un momento donde la opinión pública empezará a exigir resultados derivados de la implementación de las reformas impulsadas desde el gobierno, la disciplina y el rigor en la retórica oficial serán clave. Sin embargo, ¿cuáles son las ventajas y posibles riesgos de una mayor centralización del mensaje gubernamental?
2-La transparencia y el acceso a la información pública: un momento crucial. De acuerdo con los registros electrónicos del IFAI, el organismo habría recibido la semana pasada la solicitud de información número un millón en sus poco más de diez años de operación. Curiosamente, el anuncio se dio a unas cuantas horas de que la Cámara de Diputados dé luz verde a las reformas constitucionales en materia de transparencia. Como es sabido, es muy probable que la medida implique la salida de todos (o la mayoría) de los actuales comisionados del IFAI, así como el otorgamiento de autonomía plena a la institución, la ampliación de los sujetos obligados a receptores de recursos públicos como partidos políticos, sindicatos y fideicomisos, entre otras cuestiones consideradas avances en el rubro. No obstante, también se incluye una frase donde “…la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la inexistencia de la información”. ¿Cuál será el futuro de la transparencia con el nuevo marco normativo? ¿Cómo encaja en la dinámica gubernamental?
3-El PRD: ¿de nuevo en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Molesto por la aprobación de un método de selección que no lo favorecerá en sus aspiraciones a convertirse en dirigente nacional del PRD, Marcelo Ebrard ha anunciado su intención de impugnar el XIV Congreso Nacional de su partido ante el TEPJF, además de buscar a Cuauhtémoc Cárdenas a fin de fraguar un eventual plan de refundación perredista. El pasado no tan lejano del partido indica cómo las instancias judiciales han sido fundamentales en acontecimientos relevantes para el perredismo como la validación del triunfo de Jesús Ortega al frente de la dirigencia nacional (2008), o la anulación de la victoria de Clara Brugada en el proceso interno de candidatura a la delegación Iztapalapa (2009). El primero marcó la llegada (¿para quedarse?) de Nueva Izquierda como grupo hegemónico en la convulsa estructura perredista, mientras el segundo fue un punto sin retorno rumbo a la escisión del grupo lopezobradorista del partido. ¿Cuáles son las perspectivas de una eventual impugnación de Ebrard? ¿Habrán “Los Chuchos” consolidado su dominancia?
4-La leyenda (de complicidades políticas) de Los Caballeros Templarios. La senadora y ex candidata al gobierno de Michoacán por el PAN, Luisa María “Cocoa” Calderón Hinojosa, “no ha quitado el dedo del renglón”. Sin duda, las revelaciones de un encuentro realizado el 17 de octubre entre senadores y personas presuntamente cercanas o vinculadas con el grupo delictivo autodenominado “Los Caballeros Templarios”, fue la “gota que derramó el vaso” de una serie de escándalos emanados de fuertes críticas de la connotada panista en contra tanto de funcionarios de la actual administración estatal michoacana, sobre todo del gobernador Vallejo y de su secretario de gobierno, Jesús Reyna, respecto a eventuales negociaciones con miembros de la delincuencia organizada. Acerca de la reunión del 17 de octubre, la Asociación Michoacanos, Paz y Dignidad, la cual habría participado en la misma, se deslindó de cualquier relación con organizaciones criminales e, incluso, amenazó con promover el desafuero de “Cocoa”. Asimismo, no parece casualidad la reciente declaración del ex presidente Felipe Calderón a un diario paraguayo sobre que “las organizaciones criminales han adquirido tal grado de sofisticación que se están apoderando de las instituciones”. Tampoco dejan de resaltar los rumores de que el PRI podría negociar con el hampa en caso de regresar al poder. ¿Qué representa el caso de los “Templarios” dentro de la realidad política nacional? ¿Lesiona el prestigio institucional o sólo lo confirma (para mal)?
5-La encuesta sobre el alza de la tarifa del Metro de la Ciudad de México: una nueva muestra de cómo no responsabilizarse de gobernar. Los días 28 y 29 de noviembre, así como el 2 de diciembre próximos, las casas encuestadoras Covarrubias, Mitofsky y Parametría, estarán a cargo de llevar a cabo una encuesta acerca de la “posibilidad” de que el gobierno del Distrito Federal decida subir el precio del boleto del Metro de 3 a 5 pesos. Durante años, la polémica respecto al enorme subsidio que recibe el medio de transporte público más eficiente de la urbe, contrasta con los constantes (y exitosos) chantajes de los concesionarios del transporte de pasajeros, exigiendo alzas en las tarifas de sus pésimos y, en ocasiones, infrahumanos servicios. Paradójicamente, justo ahora que el D.F. recibirá una cantidad de recursos federales sin precedente, el gobierno parece estar decidido a emprender el impopular –si bien indispensable y aún insuficiente—paso rumbo a un ajuste real al Sistema de Transporte Colectivo. Ahora bien, ¿por qué no simplemente tomar la decisión y no disfrazarla con encuestas (conociendo además la reciente fama de las mismas)? En el hipotético caso de recibir una negativa, ¿puede el GDF seguir posponiendo esta determinación?
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