Si existe un ente que tiene acostumbrada a la población a ser receptora de malas noticias, ése es el gobierno. En México, la autoridad no sólo es especialista en generar malas nuevas, sino que parece empeñarse en hacerlas peores con el tiempo. Este efecto se exacerba con la construcción de expectativas que, aprovechando la (¿inagotable?) esperanza de los mexicanos en la venida de mejores épocas (de preferencia sin hacer mucho por conseguirlas), terminan colapsando ante una realidad política y social que no se ha modificado en esencia tal vez por siglos. Lo más interesante del caso es que este fenómeno de traslada a otros ámbitos de la vida nacional. Incluso con evidencias de bajo rendimiento, indisciplina, altos niveles de corrupción, mediocridad, ausencia de metas claras, falta de estrategias de formación a mediano y largo plazo, entre otros vicios, los mexicanos continúan confiando en el “sí se puede” sustentado en la casualidad. Basta revisar la historia para darse cuenta que la fortuna de haber radicado en una especie de cornucopia (¿también inagotable?) ha sido lo que ha salvado a México del desastre en diversas ocasiones. ¿Hasta cuándo los mexicanos estaremos a expensas sólo de las malas noticias del gobierno y de sus falaces esperanzas? Por cierto, todo esto también aplica para el tan gustado soccer aunque, a diferencia de lo que ocurre con este deporte (donde por mucho que la gente grite y manotee enfrente de una pantalla de LCD no puede influir en lo absoluto en el resultado de un juego), la sociedad sí tendría algo que hacer en lo referente a incidir en la vida pública del país.
1-El ajuste de Hacienda en sus expectativas sobre la economía: ¿capeando el temporal o reconociendo la realidad? Después de que el pasado viernes 23 de mayo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer que el producto interno bruto (PIB) apenas se había expandido en 1.8 por ciento durante el primer trimestre de 2014, la Secretaría de Hacienda (SHCP) decidió realizar un cambio drástico a su pronóstico de crecimiento y lo redujo de 3.9 por ciento (13 de marzo anterior) a 2.7 por ciento. Aun cuando este comportamiento ya lo había tenido la autoridad hacendaria a lo largo de 2013 (la cifra se fue desplomando desde 3.5 por ciento hasta 1.1 por ciento al final del ciclo), en este 2014 los pretextos comienzan a acotársele –a lo mejor todavía no a agotársele—a la administración Peña. A diferencia de 2013, cuando las reformas con impacto económico estaban apenas discutiéndose, en 2014 ya una muy importante es una realidad –la miscelánea fiscal—, y un par más se encuentran en marcha, a pesar de todavía estar pendiente sus respectivas legislaciones secundarias –la de telecomunicaciones y la energética. Si bien el impacto de la mayoría de estas modificaciones constitucionales vendrá en el mediano plazo (claro está, teniéndole bona fide a las atropelladas reglamentaciones que les darán curso), tampoco es que las medidas de corto plazo del gobierno estén generando los resultados deseados. El aumento del gasto público prometido tras los incrementos impositivos al sector productivo va a una velocidad subóptima, además de que sólo alcanzará, en el mejor de los casos, para construir un paliativo de corta duración y fácil demolición. En suma, ¿tendrá rumbo (correcto) la política económica del país? ¿En verdad se podrá aspirar a crecimientos dignos sin una estrategia eficaz para combatir los rezagos en la productividad y la prevalencia del sector informal?
2-El perfeccionamiento del sistema de rendición de cuentas: ¿cuestión de técnica o de voluntad? Este lunes 26 de mayo, el auditor especial de Cumplimiento Financiero, Juan Javier Pérez Saavedra, en representación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió, en una reunión con la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la compilación de los comentarios de los legisladores al Informe Relativo a la Cuenta Pública (IRCP) 2012. En el marco de esta entrega de conclusiones, Pérez Saavedra destacó la imperiosidad de lograr una interacción eficiente entre fiscalización, acceso a la información, evaluación presupuestal y de programas, sistemas de archivos y contabilidad gubernamental, con el propósito de hacer uso más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, el auditor especial también destacó las limitantes que tiene legalmente la ASF tanto en cuestiones vinculadas con la aplicación de sanciones a aquellos funcionarios con conductas punibles en el ejercicio del presupuesto público, como en la implementación de una fiscalización oportuna. Se argumenta que la gigantesca extensión del proceso de fiscalización provoca que, por ejemplo, la mayor parte de las acciones derivadas del Informe de Revisión de la Cuenta Pública 2011 se encuentren apenas en trámite. Tal como sucede en el ámbito de la fiscalización electoral, se conjugan la complejidad y tardanza del análisis de las cuentas, con el poco expedito mecanismo de sanciones, el cual, de entrada, no compete al órgano fiscalizador y, después, no facilita que las instancias judiciales correspondientes las apliquen. Estas problemáticas están plenamente identificadas y en cada coyuntura relacionada vuelven a salir en ciertos (pocos) sectores de la opinión pública de manera seria. ¿Qué se requiere para poner solución a esto? ¿Seguiremos estancados en eternos diagnósticos que “rasgan las vestiduras”, pero nunca van al fondo del asunto?
3-La polémica del conflicto de intereses en la reforma energética: ¿cuáles son las preguntas relevantes? Como parte de la revisión del informe de la Cuenta Pública 2012, la senadora perredista, Dolores Padierna, denunció, el pasado martes 20 de mayo, que el actual secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, así como el presente director de PEMEX, Emilio Lozoya, podrían incurrir en conflicto de intereses al estar vinculados con empresas relacionadas con el sector energético. Entonces, la legisladora impulsó un punto de acuerdo donde solicita al presidente Peña la separación inmediata del cargo del secretario Joaquín, así como a los servidores públicos “que pudieran encontrarse relacionados con operaciones similares a las de sus atribuciones, o en su defecto, informe las razones por las que se puede evitar el surgimiento del conflicto de interés”. Las reacciones de la “opinocracia” (en pro de Padierna) y de varios políticos (en contra), no se hicieron esperar. En la prensa nacional, destacan como polos opuestos las columnas publicadas este lunes 26 de mayo por Denise Dresser (Reforma) y Diego Fernández de Cevallos (Milenio). Mientras Dresser hace una legítima aunque desordenada crítica al caso de Joaquín Coldwell, “El Jefe Diego” emprende, fiel a su estilo, una descripción –por momentos apologética—de las diferencias entre el delito de tráfico de influencias y la conducta de conflicto de intereses (cabe recordar, entre otros eventos, el litigio que ganó Fernández de Cevallos al gobierno federal sobre unos terrenos en Altamira, Tamaulipas, cuando él era senador). El panista concluye su alegato diciendo: “Confundir estos conceptos puede llegar a suponer que los diputados y senadores que militen en algún partido no deben intervenir en la formulación de leyes político-electorales para evitar conflicto de intereses y tráfico de influencias”. En cambio, la profesora del ITAM señala que es indispensable establecer barreras a fin de que los políticos no puedan usar su poder para servir a ciertos intereses. Entre el cinismo de “El Jefe Diego” y la frivolidad mediática de Dresser (ambas carentes de ingenuidad), se evade una reflexión más seria acerca del tema. ¿En verdad se puede acotar la acción de los políticos? ¿Hasta dónde la intervención de un funcionario resulta dolosa en detrimento del interés público?
4-El acoso escolar: “muerto el niño…” Por si Tamaulipas no tuviera suficientes problemas, el pasado 14 de mayo el estado generó la noticia sobre un caso de acoso escolar (bullying, para quienes prefieren no usar el español) que culminó en la muerte de un alumno en una secundaria de la capital del estado. Si bien la familia del asesinado presentó una denuncia ante la procuraduría tamaulipeca, la misma autoridad parece no tener claro en quién o quiénes fincar responsabilidades por el hecho: los cuatro menores de edad involucrados en el homicidio no alcanzan ni siquiera la edad para ingresar en el Consejo Tutelar de Menores; tampoco se tendría claro el papel de los maestros y directivos de la secundaria 7 de Ciudad Victoria en los eventos; los padres de familia de los asesinos pudieran tener que ver en el asesinato, pero en términos de la educación y valores que les han impartido a su progenie. Por si fuera poco, este caso particular se complica, al menos mediáticamente, porque la madre del estudiante muerto argumenta que la maestra de su hijo, a quien responsabiliza del hecho, es sobrina del actual procurador del estado y no se le castiga debido a ese parentesco. Al final, resulta inverosímil que, escudados en una conducta de acoso escolar y en “el atenuante” de la minoría de edad, sea posible dejar impune la muerte de una persona. El 23 de mayo, el presidente Peña instruyó a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a implementar un programa enfocado en la prevención y la reducción del acoso escolar. En un primer acercamiento, la SEP plantea analizar los tres entornos que influyen en el fenómeno, a decir de la dependencia, el hogar, la escuela y la relación interpersonal con otros menores. Lo cierto es que origina una gran impotencia saber cómo una conducta relativamente aceptada como el acoso escolar, no pueda ser castigada cuando degenera en un crimen. ¿Cuáles son los principales puntos a atender a fin de evitar, en la medida de lo posible, un mayor desbordamiento del fenómeno?
5-La calendarización de las leyes secundarias energéticas: ¿conspiración mundialista o discusión insulsa? En una breve reunión de Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, llevada a cabo en la noche del lunes 26 de mayo en el Senado de la República, se votó a favor el calendario de dictaminación del paquete de leyes reglamentarias de la reforma energética. Entre los acuerdos a los que llegaron los miembros de las mencionadas comisiones –en particular los integrantes del PRI, el PAN y sus aliados—estuvo la posibilidad de poder desahogar la discusión de la veintena de ordenamientos que integran la reforma a lo largo de la primera quincena de junio, teniendo su punto culminante “en caso de alcanzar los acuerdos correspondientes”, en los días comprendidos entre el 11 y el 17 de junio. En este periodo de tiempo se prevé dictaminar el paquete y luego enviarlo al pleno del Senado para su votación. Los senadores perredistas, Zoé Robledo y Rabindranath Salazar, denunciaron que ese periodo era inconveniente dado que la población en general estaría “distraída” con el Campeonato Mundial de futbol soccer y la participación del equipo nacional de la disciplina. Tal vez esa programación (pensando mal) sea con el fin de “minimizar” las eventuales protestas contra las reformas. Sin embargo, siendo realistas, los legisladores actuarán con o sin Mundial, con o sin protestas. Si se recuerda cuando se aprobaron las tres leyes reglamentarias de la reforma educativa, el Congreso cambió de sede, subió a legisladores en camiones, improvisaron la campana del recinto con un vaso y una cuchara, y demás malabares pero, al final, se terminó el trámite legislativo. Asimismo, poco importaron las manifestaciones para que las leyes mencionadas se concretaran–aunque, en algunos estados, los inconformes le pongan trabas a la reforma magisterial ya en la implementación. La energética pocas “resistencias populares” (se supone) encarará en su puesta en práctica una vez aprobada. Entonces, ¿no será que “debatir” sobre las fechas del proceso legislativo esté distrayendo la atención de discutir los temas relevantes de la reforma? ¿Será que la distracción no sea el Mundial, sino las “reflexiones” sobre sus “poderes hipnóticos”?
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