1-Jalisco: entre el rumor y el horror. Los acontecimientos violentos sucedidos el 1 de mayo en Guadalajara, probablemente constituyan el ataque coordinado más grave por parte de un cartel del narcotráfico en la historia del país. A diferencia de narcobloqueos pasados ocurridos en la misma capital jalisciense y en ciudades del noreste del país como Monterrey y Reynosa, en esta oportunidad la violencia se extendió a otros municipios en el mismo Jalisco, además de a zonas colindantes con Colima, Michoacán, y Guanajuato. Asimismo, ya no sólo se remitieron al robo y quema de vehículos, sino que incendiaron gasolineras y algunos comercios. De acuerdo con información oficial, los eventos se desencadenaron después de la intercepción fallida de un convoy donde presuntamente viajaban importantes miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un punto localizado a 200 kilómetros de Guadalajara. Un helicóptero militar intentó detener al grupo de vehículos, pero fue derribado con un lanzacohetes. Después, la zona metropolitana de Guadalajara sufrió las consecuencias. Aunado a lo inquietante que resulta la plena manifestación del poder de fuego del CJNG –algo previsible dado el escalamiento del arsenal y el equipamiento de las fuerzas federales, civiles y militares, desde tiempos del sexenio de Felipe Calderón—, su capacidad y rapidez de movilización, y el cada vez menor pudor de colocar en riesgo a población civil, se está sumando el enrarecimiento del entorno político en Jalisco, en particular respecto a la figura de su actual gobernador, Aristóteles Sandoval. Justo como pasó hace alrededor de cinco años con el mandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, sobre todo en razón de la constante actividad de la delincuencia organizada, los rumores acerca de la creciente exigencia del empresariado local por remover o presionar la renuncia de su cargo al gobernador ya se replican con el jalisciense. Sin embargo, Medina consiguió más o menos conservar la dirección política de su estado, a pesar de haber perdido las riendas de su congreso local en 2012. El caso de Sandoval pudiera ser más complicado a la luz de lo que se vislumbra podría ser una importante derrota para el PRI si se consumara una eventual victoria de Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara y un potencial aspirante a la gubernatura en 2018. En resumen, Jalisco es un ejemplo más de la encrucijada que viven los gobiernos estatales al lidiar con el crimen organizado, al no terminar de aclarar las potestades y responsabilidades de colaboración con las fuerzas federales, al no realizar una depuración efectiva de sus autoridades municipales y, en pocas palabras, al dejar al garete la gobernabilidad de sus entidades. ¿Qué pesará más para el futuro del gobernador Sandoval, los resultados electorales del 7 de junio o un aumento de la violencia en Jalisco?
2-Los mexicanos sin rostro: una incapacidad del Estado. Apenas el 23 de abril, la Secretaría de Gobernación anunció el nombramiento de Roberto Campa como subsecretario de Derechos Humanos de dicha dependencia, en una maniobra por salir al paso de las críticas respecto a que la presente administración no tiene dicho tema entre sus prioridades. El funcionario aseguró que la estructura institucional del gobierno federal en materia de derechos humanos es sólida y que todos los asuntos vinculados con posibles violaciones a los mismos resultan prioritarios de atenderse, el caso acerca del cual se manifiesta mayor preocupación es el de los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esto sin duda responde a la presencia de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes se encuentran en el país llevando a cabo investigaciones y entrevistas con diversos involucrados en el particular. De manera casi paralela, el Congreso de la Unión concluyó con el trámite cameral de una reforma al artículo 73 constitucional, cuyo objetivo será facultar al Poder Legislativo a fin de legislar sobre desaparición forzada, tortura, y demás formas de privación ilegal de la libertad. Según datos expuestos por el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho, los casos de desaparición forzada en México tuvieron un incremento exponencial entre 2006 y 2012, sumando una cifra superior a los 26 mil individuos. Si bien la desaparición forzada se define en los protocolos internacionales como aquella perpetrada por agentes del Estado o auspiciada o tolerada por ellos, la lucha contra la delincuencia organizada, aunada a los fenómenos de corrupción que han ligado a funcionarios públicos, policiacos, y militares, con la actividad criminal, hace que la cobertura de dicho delito se amplíe. Por otra parte, en una nota publicada este 4 de mayo en La Jornada, se detalla una investigación que desnuda las incapacidades delas autoridades en todo el país a propósito de trabajos forenses. En México, se presume que miles de personas quedan en el olvido jurídico, pericial y, muy importante, ven lesionados derechos humanos fundamentales como el derecho a la identidad y, obviamente, el derecho a la vida. Así, el país padece una especie de prosopagnosia, o sea, una enfermedad incapacitante la cual impide el reconocimiento de los rostros, tanto el propio como el de los demás. Lo delicado del tema es que prevalece una enorme indiferencia y se dan casi como hechos irresolubles las carencias del Estado tanto para darles identidad a las víctimas de la delincuencia, como para castigar de manera efectiva a quienes, desde la autoridad, propician esos crímenes. ¿Cuál es la relevancia de devolverle sus rostros a miles de mexicanos? ¿Puede una democracia ser efectiva cuando tiene ciudadanos sin identidad?
3-La libertad de prensa en México. Este domingo 3 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Desafortunadamente, el entorno internacional se encuentra de cara a una situación de crisis donde dicha libertad puede poner en riesgo la vida de quien la ejerce. Más allá de la represión y opresión de la cual fue objeto en regímenes autoritarios y totalitarios en el pasado, la libertad de prensa encara riesgos desde actores no necesariamente vinculados con el Estado o, en su defecto, están padeciendo la contaminación de ciertos entes de autoridad por parte de agentes internos y trasnacionales como la delincuencia organizada o el terrorismo. En el caso mexicano, a pesar de existir avances relativos en cuanto a la libertad de prensa, aún quedan resabios autoritarios, unos más sutiles que otros. Todavía es común observar el retiro de determinadas publicaciones, sobre todo a nivel de los estados, cuando el gobierno local considera que su difusión resultaría dañina para su imagen. Otro dato a considerar es la dependencia de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, tanto electrónica como escrita, en los recursos por concepto de publicidad gubernamental. Incluso medios considerados críticos y hasta contestatarios han sido beneficiados por este medio de financiamiento. Ahora bien, hay casos donde la controversia plantea si en verdad determinada decisión corporativa implica un atentado contra la libertad de prensa o no, por ejemplo, el establecimiento de una línea editorial. Ahora bien, otras manifestaciones más graves son los crímenes que afectan la integridad profesional y física de periodistas y ciudadanos en ejercicio de dicho derecho. En este tenor, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, publicó una nota expresando su preocupación por el descenso del país en índices internacionales que miden cuáles son los lugares más peligrosos para la labor periodística, dónde prevalece mayor impunidad ante delitos contra la libertad de prensa, y en qué estado se encuentran las libertades democráticas en general. Para el embajador, “la impunidad es un incentivo para más ataques, y también conlleva a la autocensura. Ésta puede silenciar una sociedad tanto como los actos de violencia”. Este fenómeno adquiere peores tintes cuando no pocos de los homicidios y ataques contra periodistas en México han tenido funcionarios de gobierno en su maquinación, en especial a nivel local donde los reflectores no son del todo brillantes. Todo lo anterior sin mencionar la escasa solidaridad del gremio a fin de emprender acciones efectivas para exigir las garantías mínimas para su trabajo. ¿Cuál sería el diagnóstico de la libertad de prensa en el país? ¿Cuáles son sus principales amenazas?
4-Las crisis de PEMEX y CFE. De acuerdo con datos del informe de la cuenta pública 2014, el primer año de plena operación de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado, no tuvo muy buenos dividendos. Ambas entidades habrían incrementado su deuda en 905 mil 640 millones de pesos, sin mencionar una pérdida acumulada de 254.5 mil millones de pesos. Según el reporte enviado a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda incluyó en un inciso denominado “otros gastos”, erogaciones que conjuntamente sumarían casi 4.5 billones de pesos. Como paréntesis, y dada la magnitud de la cifra, estará por verse si las nuevas disposiciones de la recién promulgada Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública serán capaces o tendrán la facultad de hacer más claros estos rubros. Aunado a esto, PEMEX y CFE triplicaron sus pérdidas durante el primer trimestre de 2015. Para la petrolera, la caída de los precios del crudo ha originado el periodo de pérdidas más grande en su historia, alcanzando 179 por ciento respecto al mismo lapso de 2014. A pesar de que las autoridades hacendarias aseguran que las pérdidas por ingresos petroleros, las cuales han sobrepasado parte de las coberturas contratadas, han sido compensadas por un mejor desempeño recaudatorio, no queda claro por cuánto tiempo podrá sostenerse este modelo. En el mismo sentido, el Banco de México ha dicho tener un “guardadito” de 120 mil millones de dólares, aunado a una línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, logrando un aproximado conjunto de 270 mil millones de dólares. Por si fuera poco, Banxico habría generado un remanente de operación por 31.5 mil millones de pesos, el cual, en concordancia con la legislación existente, pondría a disposición de la hacienda pública a partir de abril. Así las cosas, ¿cómo hacer que PEMEX y CFE en verdad honren su nueva denominación como empresas productivas? ¿Será posible contar con las dos ex paraestatales como motores del desarrollo, o podrían comenzar a convertirse en una carga, tanto fiscal como operativa y, por qué no, incluso de inestabilidad social?
5-Los cortes de las cortes electorales. Como era de esperarse, la temporada electoral ha traído consigo controversias jurídicas respecto de determinadas candidaturas, conductas presuntamente ilícitas de los partidos políticos, y de violaciones a las leyes electorales vigentes, cuya resolución ha llegado al marco de los tribunales. Aunque esto no es del todo novedoso, el gigantismo de reglas electorales recetado con mayor intensidad con cada reforma en el rubro, ha propiciado más absurdos que beneficios reales para perfeccionar el entramado bajo el cual se desarrollan los comicios. En este sentido, algunos aspirantes han salido airosos de los cuestionamientos sobre sus candidaturas –como fue el caso de la panista Xóchitl Gálvez en la delegación Miguel Hidalgo del D.F.—, pero buena parte de ellos no alcanzan el aval de las instancias judiciales y acaban excluidos de la contienda –destaca el expediente de Marcelo Ebrard y la revocación de su registro como candidato a diputado plurinominal por Movimiento Ciudadano en la Cuarta Circunscripción electoral. Al detenerse un instante en el particular de Ebrard, si bien el ex jefe de gobierno ha dicho que anunciará cuál sería su proceder judicial en las próximas horas, todavía le restaría el recurso de acudir a la Suprema Corte de Justicia y argumentar que se está violentando su derecho a votar y ser votado. No obstante, este punto podría generar una bomba de interpretación constitucional que pondría en entredicho la preponderancia (ya no monopolio como tal) de los partidos políticos como medios de participación electoral, como toda la serie de candados a los cuales se deben enfrentar aquellos que pretendan ser candidatos independientes a un cargo de elección popular. Por otro lado, también se ha visto cómo los organismos abocados a la resolución de controversias en materia electoral, tanto los tribunales electorales federal y estatales, como los institutos locales y el mismo Instituto Nacional Electoral, han dado tumbos tratando con distintos raceros casos en apariencia similares o han dejado sin sanción conductas que pudieran ser incorrectas a todas luces (por ejemplo, los desafíos del Partido Verde contra la regulación sobre propaganda y campañas). El verdadero problema de fondo es la prevaleciente desconfianza en las instituciones originada por la torpeza con la que se han asumido algunas decisiones, sin mencionar las dificultades que sin duda encaran los árbitros electorales con el exceso de regulación bajo el cual deben operar. De seguro no se ha visto la última reforma electoral. A pesar de ello, cada nueva ocurrencia regulatoria ha complejizado más los escenarios electorales y, de cierta manera, también ha “colmado las manos” de las instituciones respectivas. ¿No sería más deseable la liberalización más que la restricción en determinadas reglamentaciones electorales? ¿Pudiera facilitar esta relajación de las normas la aplicación de la ley y el castigo a sus infracciones?
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