1-Guerrero y las trampas de los mandos únicos policiacos. Hace exactamente cinco meses, el 7 de mayo, el mandatario guerrerense, Ángel Aguirre, decía celebrar “la disposición y el compromiso de los ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo, que por acuerdo de sus respectivos cabildos, han decidido operar, sin más dilaciones, el modelo del mando policial único”. Después de revelarse por parte del fiscal general de Guerrero la supuesta participación de miembros de la policía de Iguala en el secuestro y ejecución de al menos 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, surgen diversas preguntas respecto a las potestades dentro del modelo de mando único parcial instituido en la entidad. De inmediato, el gobernador Aguirre se deslindó de cualquier responsabilidad vinculada con la infiltración del crimen organizado en la policía de Iguala, además de declarar que tampoco tenía el menor conocimiento de alguna relación entre el edil con licencia de ese municipio, José Luis Abarca, y el grupo delincuencial denominado “Guerreros Unidos”. Sin embargo, las presiones sobre Aguirre se acrecentaron cuando en la mañana del 6 de octubre, el mismo presidente Enrique Peña tomó poco más de dos minutos para dar un mensaje desde Palacio Nacional, con el propósito de anunciar que el gobierno federal continuará con la cooperación institucional con las autoridades de la entidad, pero que comenzará a actuar, en la medida de sus atribuciones, con el objetivo de enfrentar la crisis de seguridad en la región. De entrada, la Gendarmería Nacional ha tomado el control de Iguala y la PGR ha atraído las investigaciones del caso de los normalistas muertos y desaparecidos. Si bien todavía se ve lejana una repetición de la estrategia emprendida en Michoacán, la situación empieza a enredarse. El recién ungido líder del PRD, Carlos Navarrete, se ha pronunciado por el establecimiento de un mando único total en Guerrero, lo cual no se ve tan conveniente a la luz de los hechos recientes. De nueva cuenta resurge la polémica acerca de si en verdad los mandos únicos estatales terminarán con los vicios de las policías municipales y, más aún, si las entidades seguirán entregándose a los brazos de la Federación en el instante que se salen de control los eventos. ¿Cuál es el precio de que ninguna autoridad local esté dispuesta a pagar los costos de asumir una de sus funciones fundamentales: la seguridad? ¿Qué futuro les espera a las estructuras policiacas en el país?
2-El fomento a la productividad y la competitividad: ¿realmente entiende el gobierno qué es eso? Ha pasado poco más de un año desde que, el 30 de agosto de 2013, se publicó en el Diario Oficial el Programa para Democratizar la Productividad. Dicho plan es parte de la reglamentación operativa de los artículos 25 y 26 constitucionales, cuyo propósito es determinar en el Estado la rectoría del desarrollo nacional y establecer las características de su planeación enfocada en criterios de competitividad, productividad, sustentabilidad y hasta equidad social. Lo curioso de este proyecto gubernamental es la introducción del concepto de “democratización de la productividad”, con lo cual se pretende definir una serie de políticas para facilitar, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes), el acceso a herramientas a fin de superar los obstáculos que su misma condición económica y de magnitud les impide hacer eficiente su productividad y, de esa forma, continuar creciendo. Aunque en estos casi catorce meses desde su anuncio no se han visto resultados del todo, ahora la administración Peña, vía la Secretaría de Hacienda, presentó una iniciativa de “Ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional”. En este nuevo catálogo de buenas intenciones destacarían (tal vez) una especie de relanzamiento del Comité Nacional de Productividad –institución constituida por especialistas de los ámbitos académico, industrial y económico en general—, además de la instrucción de llevar adelante un esquema de planeación a dos décadas. Del mismo modo se rescatan antiguos ideales que poco a poco se han convertidos en clichés, por ejemplo, el mapeo de ventajas comparativas por región, la búsqueda de nuevos y la consolidación de los núcleos productivos (clusters) a lo largo del país, el fomento a las MiPyMes y, muy importante, los apoyos para evitar su desintegración temprana, por mencionar algunos. No obstante, en materia de planeación económica, ni la pieza legislativa más poéticamente escrita ha generado buenos dividendos. ¿Por qué no es factible incrementar la productividad con una propuesta de ley pletórica de obviedades? ¿No sería mejor para vigorizar la productividad y la competitividad un régimen fiscal enfocado en incentivos a la producción y no sólo a la mera recaudación?
3-El estilo ¿personal? de procurar justicia. Desde que fue ratificado en su cargo por el Senado de la República en diciembre de 2012, el procurador general, Jesús Murillo Karam, ha ido imprimiéndole un sello característico a su gestión, el cual ha resultado toda una diferencia respecto a sus antecesores. Como un político y abogado de gran experiencia, el hidalguense ya daba visos de cómo sería su estilo particular al frente de la PGR cuando presidió la Cámara de Diputados por algunas semanas, entre septiembre y diciembre de aquel año. Basta recordar cómo, a diferencia de otras estampas legislativas, en especial durante la administración de Felipe Calderón, donde la izquierda hacía valer su carácter minoritario tomando la tribuna de San Lázaro, el entonces diputado Murillo se las ingeniaba para evadir los bloqueos y cumplir con su trabajo; en alguna oportunidad trasladó la Mesa Directiva a un balcón en lo alto del salón de sesiones. Su actuación como “primer abogado de la Nación” no ha sido distinta. Sin hacer promesas vacías, intentando tener el mayor control posible de los escenarios (aunque tuvo una prueba riesgosa tras las explosiones en la Torre B2 del corporativo de PEMEX a principios de 2013), manejando un perfil relativamente bajo y de poco protagonismo, el procurador ha solventado vendavales y mantenido a su institución fuera de los escándalos que fueron tan frecuentes en el sexenio pasado. Independientemente de una nota publicada este lunes 6 de octubre en El Universal acerca del conteo de casos judiciales que se cayeron por violaciones al debido proceso durante el gobierno de Calderón, Murillo Karam ha hecho navegar a la Procuraduría en la delgada línea entre lo discreto y lo opaco. Una muestra de ello fue su negativa, aduciendo cuestiones más o menos comprensibles de seguridad, a hacer pública su declaración patrimonial. En las últimas semanas, la PGR ha debido atender eventos delicados como las masacres de Tlatlaya e Iguala. El primer caso tiene un ingrediente adicional al estar involucrados elementos del Ejército que, de acuerdo a los primeros dictámenes, serían sometidos a procesos de justicia civil (algo casi impensable en tiempos de Calderón). Por su parte, lo de Iguala podría seguir el modus operandi de ejercer acción judicial contra ediles presuntamente involucrados con la delincuencia organizada, sólo que, al contrario del gobierno federal anterior y su “Michoacanazo”, aquí parece que no habría liberaciones por no encontrarle responsabilidades a los investigados. En suma, la PGR podría ser la institución de mayores contrastes en esta segunda alternancia federal. ¿Cómo inciden estas y otras diferencias en la operación y en la imagen de la Procuraduría General de la República? ¿Continuarán estas tendencias cuando finalmente llegue la Fiscalía General de la República?
4-El banderazo a los procesos electorales de 2015: las hostilidades inician. En su próxima sesión de Consejo General, programada para el próximo miércoles 8 de octubre, el Instituto Nacional Electoral declarará de manera oficial el comienzo de la temporada electoral 2014-2015. Ya en los días previos se han sentado las bases para este arranque, sobresaliendo cuestiones como las designaciones tanto de los integrantes de los llamados “organismos públicos locales electorales” (OPLES) en los 17 estados que tendrán comicios, así como los respectivos magistrados de los tribunales de justicia electoral. Los primeros fueron votados por los mismos consejeros del INE, mientras los segundos debieron ser ratificados por el Senado. Como es sabido, el Instituto, producto de la más reciente reforma político-electoral, ha adquirido mayores atribuciones y responsabilidades, cuyos efectos no nada más incidirán en la adaptación a crecer burocrática y presupuestalmente, sino en su vulnerabilidad como árbitro de las disputas entre y al interior de los partidos políticos. Algunos analistas y columnistas opinaron en su instante que el INE habría superado su primera gran prueba al haber organizado “con éxito” las elecciones internas del PRD (no son pocos los perredistas que opinan en sentido opuesto). No obstante, ese espaldarazo que prodigó cuando menos la corriente dominante del PRD al INE por el presunto buen curso del proceso, se ha ido transformando en los últimos días en críticas y sospechas por la supuesta parcialidad de varios consejeros electorales (quienes, por cierto, fueron elegidos por los diputados de los tres principales partidos hace unos meses). De hecho, el 5 de octubre, el PRD impugnó los nombramientos de los OPLES por conducto de su representante en el INE, Camerino Márquez, y Acción Nacional podría hacer lo propio en las siguientes horas a través del senador Javier Corral. Los inconformes acusan una eventual parcialidad de un bloque mayoritario de consejeros quienes, se aduce, defienden primordialmente los intereses del PRI. Aun si esto fuera cierto, ése es el marco que decidieron los legisladores de las mayorías partidistas y no resultaría extraño el curso de colisión hacia “tropezar con la misma piedra” de descalificar al INE y quererlo volver a modificar. Apenas es el comienzo de un periodo de polémicas, descalificaciones y, de seguro, escándalos. ¿Cómo pinta el ambiente electoral para los siguientes meses? ¿Hay las condiciones a fin de que el INE salga menos golpeado que sus predecesores?
5-Los nuevos líderes del PAN y el PRD: ¿cambiar para seguir igual? Al cumplir en tiempo y forma con los plazos que los estatutos de su partido le dictan, Gustavo Madero pidió licencia como presidente nacional del panismo con la intención de registrarse como candidato a diputado para 2015. Madero no recibió el visto bueno unánime de la Comisión Política Permanente de Acción Nacional y fue cuestionado, entre otros, por el ex líder nacional, Luis Felipe Bravo, y por su propia ex secretaria general, Cecilia Romero, entre otras. En el lugar del chihuahuense quedará de manera indefinida el ex presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, reconocido por su labor en ese puesto por casi todos los partidos políticos del recinto de San Lázaro. Mientras, en el otro lado del espectro, el fin de semana anterior finalizó el proceso interno del “sol azteca” y se consumó la elección del ex senador, Carlos Navarrete, como presidente nacional, y a Héctor Bautista como secretario general del PRD. El guanajuatense derrotó de forma contundente a la corriente minoritaria de Carlos Sotelo, y terminó por enviar al olvido al ex jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. A pesar de los cambios de personajes en los dos principales partidos de oposición, la esencia de las guardias prácticamente permanecen intocadas. Esta modalidad de “cambios” no es ajena al blanquiazul aunque, cuando se han llegado a dar, son sintomáticos de un estado de debilidad institucional del partido (cabe recordar el “relevo” de Germán Martínez por César Nava, tras el primer colapso panista en las elecciones intermedias de 2009). En el PRD, dado su historial de beligerancia constante en el marco de sus procesos internos, paradójicamente estas continuidades son más extrañas (hasta la actual hegemonía de Nueva Izquierda (NI). Navarrete será el tercer miembro consecutivo de NI –“Los Chuchos”—en asumir la cabeza del perredismo (Jesús Ortega y Jesús Zambrano le antecedieron). Asimismo, sin importar sus inconformidades, los opositores de NI negociaron y consiguieron algunos asientos en el Consejo Nacional. Sólo se negaron a los acuerdos los integrantes de la corriente denominada Coalición de Izquierda, encabezada por el líder de la bancada senatorial del partido, Miguel Barbosa. Al ver los dos casos del PAN y el PRD, es de notarse cómo tanto la decisión de Madero de dejar la dirigencia en su afán de conservar una posición de poder en el partido hasta 2018 (querría convertirse en el coordinador parlamentario de su bancada en San Lázaro), como la aparente disidencia del grupo del senador Barbosa, han propiciado inquietud, en unos, de que el panismo tendría otra pequeña desbandada y, en otros, que varios senadores perredistas ya van de plano perfilados a incorporarse a MORENA. ¿Qué le espera a la oposición con estos movimientos? ¿Serán nuevos indicadores de la crisis por la cual atraviesa?
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