1-“Crezcamos juntos”: ¿la misma estrategia vacía contra la informalidad? En un acto realizado en Palacio Nacional este lunes 8 de septiembre, el presidente Enrique Peña y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentaron un plan de incentivos que, supuestamente, reforzará el ya existente Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). El programa llamado “Crezcamos juntos”, tiene como propósito ofrecer un impulso adicional al RIF, el cual fue aprobado junto con la miscelánea fiscal para 2014, y reducir el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que todavía opera en la informalidad (alrededor de 58 por ciento según el INEGI). Aunque el gobierno federal presume que el RIF ha registrado a 4.2 millones de contribuyentes, poco se menciona cómo un alto porcentaje de esa cifra (3.5 millones) son quienes fueron obligados a transitar del anterior Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) al esquema vigente desde el presente año. Tal como ya se había esbozado cuando se esgrimieron las justificaciones para la hiperbólicamente denominada reforma social y hacendaria (a la que, de hecho, en la propaganda oficial mejor se decidió restarle el término “social”), quienes se adhieran al RIF podrían acceder a servicios de seguridad social como el IMSS (atención hospitalaria), el FONACOT (créditos al consumo), el INFONAVIT (hipotecarios), así como a programas de apoyo a negocios desde Nacional Financiera y el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Con independencia a conocer si el gobierno federal cuenta con los recursos potencialmente necesarios a fin de poder atender a un porcentaje significativo de la población objetivo, no queda tampoco claro si este proyecto que se confunde con una especie de mini-reforma de seguridad social es en verdad una fórmula eficiente en el combate a la informalidad. ¿Cómo podría la autoridad hacendaria mejorar su eficiencia recaudatoria sin castigar tanto al sector productivo?
2-La unidad en el PRD: ¿a cambio de qué? Este domingo 7 de septiembre se realizaron elecciones generales en el Partido de la Revolución Democrática. Los perredistas eligieron cerca de 31 mil cargos internos entre consejeros nacionales, estatales y municipales, así como congresistas nacionales. El próximo 5 de octubre, aquellos que integren el Consejo Nacional (320 miembros) definirán quienes serán el nuevo presidente y secretario general del partido. La dirigencia nacional del PRD ha dado resultados preliminares que otorgarían a la actual corriente líder, Nueva Izquierda (NI) –encabezada por Jesús Zambrano, Jesús Ortega y su actual candidato, el ex senador Carlos Navarrete—, alrededor de 36.6 por cierto de los sufragios en la elección de consejeros nacionales. De entre las cuatro facciones principales dentro del perredismo, dos, además de NI, Foro Nuevo Sol y Alternativa Democrática Nacional (ADN), respaldarían a Navarrete en contra de los dos opositores más fuertes en estos comicios: Marcelo Ebrard de Movimiento Progresista y Carlos Sotelo de Patria Digna. Con las alianzas fraguadas por NI, Ebrard y Sotelo apenas habrían sumado juntos menos de 10 por ciento de los votos (a reserva de poder incrementar estos porcentajes aglutinando a una numerosa serie de corrientes minoritarias). El Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo a cargo de la organización, más no de los posibles arbitrajes derivados de los comicios. Las votaciones tuvieron un costo aproximado de 100 millones de pesos (a descontar al PRD de sus prerrogativas, las cuales, a su vez, derivan del dinero de los contribuyentes). Si bien las acusaciones por presuntas anomalías no se hicieron esperar desde la oposición a los llamados “Chuchos”, el perredismo pudo haber tenido en la del fin de semana pasado, uno de los procesos internos más desangelados de su historia. Esto puede afirmarse no tanto por la importante participación de militantes (40 por ciento de un gigantesco padrón de 4.5 millones de electores), sino por el control que la actual dirigencia ha hecho de los grupos más relevantes al interior del partido. Buena parte de esas corrientes tuvieron participación activa, vía sus legisladores, en el proceso de reformas impulsadas desde el gobierno federal. Como dato curioso, ninguno de los actuales presidentes de las cámaras del Congreso, el diputado Silvano Aureoles (Foro Nuevo Sol), ni el senador Miguel Barbosa (Frente de Izquierda Progresista (FIP)) pertenecen a Nueva Izquierda. Así las cosas, Navarrete llegaría a la cabeza del PRD bajo el halo de legitimidad de una elección organizada por el INE, un acuerdo político entre corrientes internas mayoritarias, pero con la desestimación de una propuesta de candidatura de unidad en la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, la amenaza del éxodo de Sotelo y Ebrard, sin mencionar el latente divisor que significa MORENA. ¿Tiene posibilidades el PRD de redefinirse como oposición? ¿Qué tanto podrá continuar aprovechando su “relación institucional” con la administración federal?
3-La competitividad en México: sus principales obstáculos. Hace una semana, el lunes 1 de septiembre, justo unas horas antes de que el presidente Peña emitiera el mensaje alusivo a su II Informe de Gobierno, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) dio a conocer el Reporte Global sobre Competitividad 2014. México descendió seis peldaños respecto a 2013, al pasar del lugar 55 al 61. Un año antes, también había bajado en el índice mundial, aunque sólo un par de sitios. Hace un año, la Secretaría de Economía justificó aquella baja de lugares a no haber concretado todavía, en ese entonces, las reformas estructurales necesarias a fin de hacer despegar la economía y los sectores productivos del país. Hoy, el gobierno federal ni siquiera hizo mención a los peores resultados señalados por la versión vigente del reporte. La administración Peña ha pasado del condicionamiento del cumplimiento de sus promesas de un país en movimiento a la acción legislativa, al discurso de la esperanza en que la implementación de las reformas será un rotundo éxito. No obstante, el presunto proyecto de país del presidente no pone demasiada atención, por ejemplo, en los problemas primordiales que el WEF subraya como causas de la baja competitividad de la economía mexicana: la corrupción, la inconclusa mejora regulatoria, y la carga fiscal sobre el sector productivo. Con un marco legal anticorrupción congelado en la Cámara de Diputados (sin mencionar una retórica gubernamental endeble respecto al tema), una mejora regulatoria en ciernes, y un régimen de impuestos que continúa exprimiendo a su máximo de tolerancia a los contribuyentes cautivos, las previsiones para el siguiente reporte del WEF en 2015 no se vislumbran prometedoras. ¿Pueden las reformas ceteris paribus fomentar mejoras en la competitividad en México? ¿Qué pasos tendría que dar la autoridad con el objetivo de resarcir los malos números reportados desde el WEF?
4-El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM): riesgos y beneficios. Dentro del mar de cifras inocuas recitadas en el mensaje con motivo de su II Informe de Gobierno, el presidente Peña anunció finalmente la decisión de erigir un megaproyecto de terminal aérea, no sólo para satisfacer la demanda comercial y de transporte del Distrito Federal, sino como un eje troncal al servicio de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y sus alrededores. A reserva de la espectacularidad del diseño vanguardista del aeropuerto y de su monumental costo estimado (168 mil 800 millones de pesos, inversión calculada para recuperarse en dos décadas), la construcción de esta obra de infraestructura guarda una enorme diversidad de aristas para el análisis. Llama la atención, por ejemplo, el énfasis que se ha hecho en que los terrenos sobre los cuales se levantará la terminal son propiedad federal y no habrá necesidad de acudir a expropiaciones o a adquisiciones de superficie ejidal. En estricto sentido, dicha aseveración es correcta, aunque sólo si se toma en cuenta el perímetro del aeropuerto, no el total de la obra civil que lo acompañará (vías de acceso, infraestructura colateral, (supuestas) zonas de recuperación ecológica, planes hídricos, entre otras). Cabe recordar cómo los pobladores de una de las comunidades aledañas al actual proyecto ejercieron una gran presión sobre el gobierno del entonces presidente Fox, cuando éste propuso edificar el aeropuerto en terrenos de San Salvador Atenco. Si bien ahora apenas se tocará a la cabecera municipal de Atenco, a cambio se piensa hacer la obra en lo que queda del salitroso vaso del Lago de Texcoco. Ambientalistas e, incluso, algunos ex funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, han prevenido acerca de las consecuencias negativas de no tomar las previsiones convenientes por construir en una región con esas características. También resulta interesante saber cómo el gobierno aún debe parte de los créditos utilizados en la construcción de la Terminal 2 del actual aeropuerto (la cual, según el nuevo proyecto, sería demolida junto con la Terminal 1 al concluir la terminal en Texcoco). Los adeudos ascienden a 90 millones de dólares. Es cierto que varios sectores económicos clamaban por una solución a la saturación de los servicios aeroportuarios de la ZMVM y, por tanto, el anuncio de la nueva terminal tuvo buena recepción en general. Entonces, ¿cuál sería una ponderación equilibrada entre beneficios y riesgos de esta obra? Más aún, ¿qué implicaciones políticas podría tener su éxito o fracaso?
5-Cinco lustros de asistencialismo, cuatro nombres distintos, más pobreza. Otro de los mensajes que destacó en el discurso presidencial por el II Informe de Gobierno fue el cambio de nombre del programa “Oportunidades” –símbolo del asistencialismo a la panista—, por el de “Prospera”. Como es conocido, “Prospera” será el heredero de los programas insignia de desarrollo social del gobierno federal, los cuales tuvieron su origen en su estructura actual (no es que no hayan existido esta clase de programas antes) durante el sexenio del presidente Carlos Salinas y el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). Con “Prospera”, no sólo se borra el último vestigio de la semiótica panista utilizada en su interregno de doce años en Los Pinos, sino también se manda una señal de que el ejercicio del gasto social, no de la inversión, será prioritaria en la estrategia de gobierno. De entrada, “Prospera” tendrá un presupuesto inicial de 75 mil millones de pesos (si es que el Congreso no le hace alguna adición o sustracción), cifra que no es muy distinta a los 73 mil millones asignados en 2014 a Oportunidades. Así, con 2 mil millones de pesos extra, “Prospera” pretende ofrecer nuevos suplementos nutricionales, becas para educación superior, acceso a créditos, trato preferencial a jóvenes que hagan uso del Servicio Nacional de Empleo, entre otras cuestiones de impacto más o menos marginal en el objetivo primordial del programa: la reducción de la pobreza. De por sí los sucesivos PRONASOL, “Progresa” y “Oportunidades” sólo vieron incrementar los índices de marginación de 40 a 53 millones de pobres en un cuarto de siglo –considerando los cambios en las metodologías de medición, claro está—, los efectos de las novedosas medidas de “Prospera” no prometen de ninguna manera un punto de inflexión. ¿Es este sólo un cambio de nomenclatura? ¿Hay algo significativamente innovador en la propuesta? ¿Qué implicaciones políticas tiene el hecho de relanzar el programa insignia de la política social con una titular de la Secretaría de Desarrollo Social que ha sido cuestionada a lo largo de su gestión?
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