Ha llegado la hora del primer “corte de caja” formal para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, cuando el presidente dé su mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno, no sólo estará en evaluación su gestión sino la de los legisladores federales, en particular la de los operadores políticos de su partido. En estricto sentido, no deberían contar en el balance de los primeros nueve meses del presidente la aprobación de las modificaciones constitucionales en materia de educación y telecomunicaciones; eso fue tarea fundamentalmente del Congreso. Cuando el ex presidente Fox utilizó la frase “el presidente propone y el Congreso dispone”, sólo tenía razón de manera parcial. Una vez que el Legislativo “dispone”, recaerá en el Ejecutivo eso que le da nombre: ejecutar. ¿Cómo le ha salido la ejecución de sus políticas al presidente Peña, no tanto las derivadas de reformas que ni siquiera están aún reglamentadas del todo, sino de aquellas relacionadas con la resolución de los problemas del país, hayan sido heredados o no?
1-Las marchas magisteriales: un debate sobre derechos. Desde que el presidente Peña presentó su proyecto de reforma educativa en diciembre de 2012, varios sectores del magisterio de han movilizado. Los capitalinos–además de los estudiantes que se quedan sin clases, los habitantes de otras ciudades de la República con espacios de sus localidades copados de manera casi permanente, y la parte del presupuesto educativo “invertido” en marchas y plantones— han sido quienes más reclaman afectaciones a su vida cotidiana por las manifestaciones (desde el desquiciamiento de la ciudad, hasta los bloqueos a la Autopista del Sol). Siempre se suele evocar la contraposición de los derechos constitucionales a la libertad de expresión (artículo 6) y la de tránsito (artículo 11) aunque, a la fecha, nadie ha encontrado un mecanismo para conciliarlos. Sin embargo, hay dos preguntas cuya contestación pudiera ser más relevante: ¿cómo puede “la calle” dejar de ser una opción (sin necesidad de reprimir)?; y, ¿son justos los reclamos?
2-Las “bestialidades” del trasiego migratorio en México. El drama humanitario encarnado en las migraciones masivas aparece en diversas regiones del mundo. El caso de la conexión Centroamérica-Estados Unidos a través de México es uno de los de mayor crueldad. El reciente descarrilamiento de “La Bestia” –el sobrenombre con el cual se denomina a los trenes de carga que recorren la ruta entre Tapachula y Lechería, conocidos por “trasladar” a miles de migrantes indocumentados desde la frontera sur hasta el centro de México—ha vuelto a evidenciar una mínima parte de los horrores del “infierno mexicano”, la complicada aduana para muchas personas antes de alcanzar el “purgatorio estadounidense” en busca de (mejores) oportunidades de vida. La tragedia ocurrida la madrugada del 25 de agosto regresará por unos días la atención de la opinión pública a este fenómeno, así como aconteció, por ejemplo, con la fosa clandestina de San Fernando en 2010. ¿Cuáles son las responsabilidades del Estado mexicano ante estos hechos?
3-Las lluvias (de críticas) inundan al (jefe de gobierno del) DF. En descargo, no sólo de Miguel Ángel Mancera, sino de todo aquel quien gobierne la Ciudad de México, el problema de las movilizaciones masivas –casi siempre inspiradas en conflictos de índole federal—plantea diversas aristas como la coordinación con las autoridades federales, la aplicación de protocolos de actuación policiaca, y el respeto a los derechos humanos (de inconformes y terceros por igual). No obstante, a diferencia de otros mandatarios locales, Mancera encara otros conflictos y escándalos como el del Heavens After, la corrupción de algunos jefes delegacionales, el retraso en la terminación de obras públicas, entre otros. Sin deslindarlo de sus responsabilidades, pero considerando sus retos y, sobre todo, las atribuciones de su cargo, ¿cuál es la línea que divide la prudencia de la tibieza para el gobernante del Distrito Federal?
4-El itinerante Informe de Gobierno. Presidencia de la República ha anunciado que Enrique Peña dará un discurso en el Campo Marte, con motivo del informe sobre “el estado general que guarda la administración pública del país”. Ya han pasado ocho años desde la última vez que un primer mandatario acudiera al Palacio Legislativo de San Lázaro para ofrecer dicha peroración. Diversos eufemismos como “cancelar el ‘Día del Presidente’” o “evitar provocaciones” han sido utilizados a fin de “evitarle” al presidente el embrollo implícito (desde la crispación política poselectoral de 2006) a comparecer ante el Congreso de la Unión. Independientemente de la utilidad o no de la presencia presidencial en la sede del Legislativo, no resulta menor el que el titular de uno de los Poderes de la Unión esté virtualmente impedido de acudir al principal recinto de otro y ya se asuma como normal. ¿No se estará entonces frente a una “enfermedad institucional” cuyo “síntoma” sea la no tan irrelevante “itinerancia” del informe?
5-Los derechos humanos en México: todo mundo habla de ellos, pero pocos les prestan atención. Esta semana habrá dos desarrollos torales en este sentido. Primero, la Suprema Corte de Justicia inicia los debates acerca de la jerarquía jurídica de los tratados internacionales respecto a la Constitución en materia de derechos humanos en el país. Segundo, las comisiones legislativas del Senado analizarán las leyes secundarias de la reforma constitucional que se aprobó sobre el rubro en 2011. Ambos acontecimientos están vinculados y será importante seguirlos a fin de que, de entrada, la resolución de la Corte no se contraponga de algún modo con lo discutido en el recinto de Reforma (o en su sede alterna, de ser el caso). Asimismo, resaltará el debate acerca de la reglamentaria del 29 constitucional referente a la suspensión de garantías y la conceptualización de “perturbación grave a la paz pública”.
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