A dos días de vencer el plazo para llevar a cabo las obligaciones establecidas en los transitorios de la reforma constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumplió con la que ellos mismos llamaron “agenda constitucional”. Dentro de estas obligaciones se encontraba la determinación de la existencia de agentes preponderantes en el sector telecomunicaciones y radiodifusión, por lo cual, el 9 de marzo, el IFT declaró a América Móvil y Televisa con estas características en los sectores establecidos respectivamente. No obstante que el órgano regulador aún no cuenta con las herramientas legales y operativas que se espera le otorguen las leyes secundarias a la reforma constitucional, el IFT ha realizado esfuerzos sustentando sus argumentos principales en el texto del artículo 28 constitucional que lo faculta para regular de forma asimétrica a los participantes de los mercados de telecomunicaciones que se resuelvan como agentes económicos preponderantes, es decir, aquellos que cuenten con una participación mayor a 50% en su sector.
Como es bien sabido, la complejidad para regular dicho sector radica en los pocos actores con enorme poder que conviven en él, tanto económico como político, mismos que en ausencia de condicionamientos por parte de la autoridad, son proclives a abusar de su poder imponiendo barreras a la entrada a nuevos competidores y perjudicando a los consumidores finales con precios altos, poca oferta y/o mala calidad de los servicios, e incluso connivencias políticas. Por ello, la reforma considera indispensable plantear un concepto distinto a los que señala la Ley Federal de Competencia como “poder sustancial” o “dominancia”. Es decir que la “preponderancia” en términos de la nueva legislación, se refiere al grupo económico de interés que domina en cada sector, mismo al que se le debe condicionar su comportamiento para nivelar el terreno de juego en beneficio de los consumidores finales y el acceso a nuevos competidores. Entre las principales condiciones que el IFT impuso a los grupos de interés América Móvil y Televisa destacan varias medidas relacionadas con interconexión, acceso y uso compartido de infraestructura, protección al usuario, competencia económica, separación contable, medidas específicas en servicios móviles y fijos, así como en contenidos, y la desagregación efectiva de la red local.
En el marco de una economía de mercado, el objetivo de la regulación en sectores con fallas – como lo es el de telecomunicaciones- debe considerar múltiples dimensiones: por un lado establecer los incentivos necesarios para que las conductas de las empresas dominantes reflejen finalmente menores precios, mayor cobertura y mejor calidad de los servicios ofrecidos; y por el otro, proveer a todos los competidores, tanto actuales como potenciales, la certidumbre jurídica suficiente para poder atraer la inversión al sector y expandir todas sus posibilidades en beneficio de la población y la competitividad del país.
La existencia de leyes secundarias en el sector de telecomunicaciones resulta indispensable para enviar señales positivas incluso a otros mercados, como el energético, que también está a la espera de la implementación de ambiciosas reformas. Hasta ahora, el IFT ha emitido resoluciones en ausencia de reglas claras. Las consecuencias pueden devenir en escenarios complicados. La posibilidad de que los involucrados en estas resoluciones decidan ampararse ante las mismas por no existir respaldo legal sólido o bien, que las leyes secundarias finalmente contradigan lo dicho por el IFT y echen atrás las resoluciones, podrían poner en serio cuestionamiento la autonomía del regulador. Sea cual sea el escenario, los vacíos que hoy tenemos en legislación de telecomunicaciones restarán autoridad al órgano regulador impidiéndole tomar posturas fuertes ante los poderosos participantes y enviando señales confusas en este y otros sectores sumamente complejos. En cualquier caso, quizá el asunto más fundamental que estará a prueba en este proceso es la autonomía del regulador y su capacidad para evitar ser manipulado por el gobierno o capturado por los regulados. Difícil equilibrio.
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