Durante la presentación de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA), llevada a cabo este 29 de octubre, el presidente Calderón, como ha sido una constante en su gestión, puso énfasis en la correlación entre consumo de drogas ilegales y la expansión de violencia en el país. Lo paradójico es que los resultados de la encuesta dicen algo muy distinto y el presidente, preocupado por legitimar su estrategia de seguridad, desperdició la oportunidad para al menos intentar legitimarla. De hecho, la información verdaderamente importante que arroja la ENA es que las drogas ilícitas no son un problema significativo para el país, pero nos ha deja otro dato de no menor preocupación, tanto en cuestión de análisis social de la violencia, como de salud pública, no siempre vinculado con el uso de estupefacientes ilícitos: el incremento del alcoholismo.
Las cifras sobre consumo de drogas ilegales (según la encuesta, 550,000 personas entrarían en la categoría de farmacodependientes, es decir, el equivalente a 0.5% de la población entre 12 y 65 años), palidecen ante los números referidos al alcohol. Según la ENA, los dependientes al alcohol representan ya 6.2% de la población entre 12 y 65 años, equivalente a 4.9 millones de personas. En adolescentes, la cifra se incrementó de 2.1% a 4.1%. El consumo regular de alcohol en el último año alcanza la mitad de la población, siendo la adolescencia la etapa en la que 55.5% de los mexicanos comienza a beber, porcentaje que aumentó 6.4 puntos en tan solo 3 años.
En 2010, la revista Lancet, una de las más prestigiadas publicaciones médicas en Reino Unido, emitió los resultados de un estudio respecto a los efectos de 20 drogas selectas en usuarios y en sus comunidades. El alcohol concluyó ser la droga más dañina que existe, seguida por la heroína y el crack-cocaína. Con base en una metodología cuantificadora de daños, el alcohol obtuvo 72 puntos de 100, pues su consumo incide directamente como causal de muerte, detonante de enfermedades mentales terminales, pérdidas de relaciones familiares, laborales, y costos sociales para solventar tratamientos, reparar accidentes, pérdida de productividad, y resolución de procesos judiciales ocasionados por violencia relativa al abuso del alcohol; (Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, Lancet, 2010).
En contraste, aunque la ENA sí trata al alcohol como uno de los tres grandes apartados de estudio (los otros dos son el tabaco y las drogas ilícitas), la encuesta menciona sus impactos sociales negativos de manera marginal. Por consiguiente, no se proporciona ningún dato duro que impulse el entendimiento del fenómeno del alcoholismo en México, cuyos componentes económicos, sociales y culturales son significativos. Esto se recrudece si se considera la aceptación social al consumo de alcohol, el abuso en el mismo, la ausencia de controles eficaces contra la venta a menores de edad, la creciente tolerancia desarrollada en torno a sus efectos dañinos (lo que suele conducir a experimentar con otras sustancias tóxicas), y los débiles enfoques de prevención. En este último punto, cabe destacar que políticas públicas como la implementación del llamado “alcoholímetro” en varias ciudades del país, no está diseñada para inhibir el consumo de etílicos, sino para evitar que los conductores de vehículos tomen las calles en estado de ebriedad.
Los resultados de la ENA invitan a la reflexión sobre la ponderación de los recursos destinados a delinear políticas públicas relativas a la información, en particular destinada a niños y adolescentes, de la exposición a las drogas, incluyendo el alcohol. En un último juicio, el consumo de determinadas sustancias tóxicas es decisión de cada individuo (aunque no puede desestimarse el entorno que puede influir en su elección). Por ello, lo fundamental es propiciar una cultura de la responsabilidad sobre los efectos de asumir ciertos patrones de conducta y consumo, tanto a nivel individual, como en el ámbito de las relaciones sociales.
Por lo que toca al ámbito político, el presidente Calderón pudo haber argumentado que su estrategia ha fortalecido a las instituciones gubernamentales y que este ha sido un factor crítico en que no haya crecido el consumo de drogas ilícitas. A final de cuentas, el problema de fondo es la debilidad del Estado, misma que queda evidenciada en el asunto del alcohol: aunque la función del gobierno no es interferir en las decisiones de los individuos (y menos tratándose de consumos lícitos) cuando no intervienen terceros (por ejemplo al conducir un automóvil), su responsabilidad si es asegurar que no tengan acceso a estos productos quienes no tienen autorizada su adquisición, notablemente los menores de edad.
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