En física, a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad. En el tema del aborto en cambio, a toda acción progresista parece corresponder una reacción conservadora mayor y potencialmente abrumadora. Cuando el Distrito Federal no sólo despenalizó el aborto sino que lo convirtió en un servicio público –fondeado con impuestos– se adelantó por mucho al estado de cosas en el país. Sin embargo, en lugar de convertirse en la punta de lanza de un movimiento progresista, la reforma del DF resultó una amenaza imposible de ignorar para los grupos conservadores que aún dominan las entidades federativas.
La decisión salomónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2008 –no penalizó ni despenalizó el aborto– dejó la puerta abierta para lo que ha ocurrido en 17 estados. Envalentonados por las encuestas y sujetos a la presión de los grupos católicos, los gobernadores y legisladores locales del PRI, el PAN e incluso algunos de partidos de izquierda, decidieron utilizar las facultades que les concedió la Corte no sólo para bloquear iniciativas similares a la del DF, sino que de paso aprovecharon también para revertir algunas de las conquistas que habían logrado quienes están a favor de la libertad de elección en años pasados.
Esta contrarreforma tiene un carácter electoral y es por eso que no debe sorprender a nadie que el PRI encabece el movimiento. El hecho es que para el PRI –como para el PAN– oponerse al aborto es una estrategia de bajo costo y grandes utilidades. Ante la polarización que genera el tema entre una minoría de interesados y la aparente indiferencia que provoca en el electorado general, más preocupado por temas económicos y de seguridad, el PRI puede ganar el apoyo de grupos conservadores organizados sin alienar a la mayoría de los electores, que prefieren no reflexionar sobre el tema. Es así como un tema de salud pública está siendo utilizado por el PRI como medio para hacerse del apoyo de la extrema derecha católica.
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