En la anulación de la elección en Miguel Hidalgo por parte del Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF) hay dos temas de fondo: La reforma electoral de 2007 ha sido un balazo al pie de la institucionalización de la democracia; y la imparcialidad de los organismos autónomos locales sigue siendo cuestionable. Si bien existe la sospecha de un acuerdo por debajo de la mesa para que Demetrio Sodi fuera entrevistado durante un partido de fútbol, no hay comprobante que acredite pago alguno de por medio. Entonces, por un lado se tiene una ley que en su afán por acotar a las televisoras creó incentivos para que los actores políticos le dieran la vuelta –de nuevas formas–, al acordar con los medios de manera discrecional. Y por otro lado se tienen organismos autónomos locales que no actúan en apego a las normas sino en función a su sometimiento a los gobiernos estatales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no encontró pruebas para sancionar a Sodi en el pasado por este asunto, así que todo indica que la impugnación que el PAN llevará ante los propios magistrados electorales federales, le permitirá a Sodi tomar posesión en octubre. En este embrollo en el olvido queda nuevamente el respeto a la voluntad ciudadana.
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