Con las atribuciones obtenidas en la Reforma Electoral de 2008 en materia de fiscalización, el Instituto Federal Electoral (IFE), a través de su Unidad de Fiscalización, ha emprendido una serie de acciones para prevenir y detectar la entrada de recursos de procedencia ilícita y determinar la existencia o no de financiamientos privados no documentados a las campañas electorales. El IFE ya ha ejercido labores que van desde la investigación y rastreo de cuentas bancarias y movimientos financieros a 7,805 políticos, 172 visitas a mítines y actos públicos de los candidatos presidenciales, la vigilancia de 50 distritos electorales y 8 entidades federativas, y hasta la instauración de 5 líneas de investigación sobre el caso de las tarjetas Monex. Si bien la ley electoral prohíbe el financiamiento de organizaciones sociales, extranjeros, fuentes anónimas o empresas -lo que haría de la fiscalización algo relativamente más sencillo-, hasta el momento la fiscalización electoral de México ha sido señalada como deficiente. Frente a las múltiples denuncias por parte de los partidos y este contexto de prueba del aparato de fiscalización electoral, ¿se deberá de abrir la discusión a una mayor libertad al financiamiento privado de los partidos?
De acuerdo al artículo 77, fracción I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), existen cinco modalidades de financiamiento: (1) público, que prevalecerá sobre los otros tipos de financiamiento; (2) de la militancia (a través de cuotas); (3) de los simpatizantes (aportaciones o donativos, en dinero o en especie, personas físicas o morales mexicanas); (4) autofinanciamiento (ingresos de los partidos por actividades promocionales, etc.); y (5) por rendimientos financieros (fondos o fideicomisos con su patrimonio o aportaciones recibidas). En principio, el modelo donde el financiamiento público tiene supremacía sobre el privado –tal como se establece en el artículo 41 constitucional—parte de la concepción de establecer una competencia más equilibrada. De facto, sin embargo, el esquema mixto de financiamiento público/privado ha generado poca transparencia, un problema en la documentación total de los ingresos e incentivos para la entrada de recursos de difícil rastreo, y una aparente inequidad de los recursos para el desarrollo de las campañas electorales (sin contar la diferencia de base en tiempos de radio y televisión según la victoria obtenida en las elecciones intermedias). Como señala el estudio “Las reglas del dinero, análisis comparado de los regímenes de financiamiento a los partidos políticos en México” del Centro para el Desarrollo Democrático del IFE, México es el único caso con fuertes prohibiciones de financiamiento privado acompañado de una restricción a la vigilancia de partidos, candidatos y donantes real, y sanciones cuyo monto no disuade las conductas ilícitas en las campañas. Otra forma de verlo es que los partidos aprobaron una legislación que ninguno estaba dispuesto a cumplir, razón por la cual recurrieron a la muy mexicana fórmula de prohibir pero luego impedir fiscalizar. Quizá una medida de la madurez de la democracia mexicana sea el que los partidos eventualmente acaben por liberalizar el financiamiento a cambio de una plena transparencia en las fuentes de los recursos.
Al respecto, modelos como el de los Political Action Committees (PACs) de Estados Unidos (aun cuando su sistema parte de estructuras naturalmente distintas a la mexicana como la inexistencia de topes de gasto y recaudación de fondos), pueden ser resaltados en cuanto a su capacidad de transparentar y fiscalizar de mejor forma la entrada de recursos privados a las campañas electorales. Por otro lado, es fundamental preguntarnos si las campañas podrían desarrollarse solamente a partir de recursos públicos y si la supuesta supremacía constitucional del dinero recaudado a los contribuyentes sobre el “invertido” por privados, sólo tapa una realidad natural a la mayoría de las democracias electorales: que existen grupos de interés dispuestos a inyectar recursos a los partidos políticos u ofrecerles ciertos servicios o prebendas a cambio de determinados privilegios o beneficios en caso de que resultaran victoriosos. Al haber mil y una formas de darle la vuelta a las restricciones en este sentido, ¿valdría la pena replantearse la cuestión de los límites al financiamiento privado de partidos y campañas si, en cualquier caso, esos recursos estarán de todos modos presentes?
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