Arbitrariedad e impunidad

La vida cotidiana de los mexicanos intersecta con un sinnúmero de proveedores de bienes y servicios y de entidades gubernamentales, muy pocos de los cuales ven al ciudadano y consumidor, respectivamente, como su razón de ser. Persiste y perdura una visión patrimonialista donde el ciudadano es súbito y el consumidor cautivo, ambos propiedad de quienes deberían ser proveedores de servicios competitivos. En lugar de anticipar futura competencia y concebir al consumidor como informado y responsable, apuestan por la continuidad. Se parecen a Orwell cuando, hablando del lenguaje, afirmó que: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades y que el asesinato parezca respetable…”.

El país lleva décadas sumido en la mediocridad, que se refleja en la tasa de crecimiento de la economía. Por más intentos que haga la autoridad, la evidencia es contundente: la economía mexicana funciona en la medida en que opera el motor que representan las exportaciones y las remesas; es decir, vivimos de la economía estadounidense. Los motores internos no funcionan por la misma razón que no han funcionado desde 1970: porque el problema no se ha atendido. El problema de fondo es político, pues la concentración del poder propicia el abuso que se comete contra el ciudadano y consumidor, lo que inexorablemente genera la desconfianza que inhibe la inversión y el ahorro. A nadie debería sorprender el resultado.

Algunos ejemplos alusivos:

  • El gobierno de la ciudad de México está de plácemes por haber desaparecido al Distrito Federal porque ahora podrá servir, ya sin empacho, a sus grupos de interés. El proceso constituyente es solo de insiders; el reglamento de tránsito está diseñado para imponer una disciplina por medio de la arbitrariedad: su lógica parece ser más la de recaudar que la de crear un espacio de convivencia civilizada. En lugar de procurar el favor ciudadano para su candidatura, el jefe del gobierno experimenta el colapso de su popularidad. Perfectamente predecible.
  • El Estado de derecho es inconcebible sin orden y disciplina, pero la pregunta es por dónde comenzar. Miguel Ángel Macera comenzó por la imposición de multas al por mayor, muchas de ellas de carácter discrecional, con todo el abuso a lo que eso se presta; Arne aus den Ruthen, en la delegación Miguel Hidalgo, optó por la vía de la confrontación. El orden es necesario; la pregunta es si la arbitrariedad es un modelo de civilización. Someter a guaruras es una forma de combatir la arbitrariedad y la impunidad, pero sin acabar de romperla porque hacer aspavientos no garantiza resultados. La arbitrariedad no acaba con la impunidad y, en cambio, si puede propiciarla.
  • La constitución en ciernes del Distrito Federal es un caso ilustrativo. Por más que se ha involucrado a una amplia lista de notables, la mayor parte de la ciudadanía no está enterada ni representada. ¿Se trata de un proceso privado, solo para quienes hoy gobiernan? Hace unos meses, la SEC, equivalente estadounidense de la Comisión Nacional de Valores, propuso una modificación de la ley que la gobierna. Lo primero que hizo fue publicar la propuesta a fin de que todos los interesados se informaran, comentaran y propusieran cambios o precisiones, proceso que llevará más de un año: el objetivo es una mejor regulación, no una burda candidatura. El punto es hay una discusión pública que permite que todos los interesados tengan oportunidad de analizar y evaluar sus implicaciones tanto para proponer correcciones como para adoptar los mecanismos y cambios pertinentes para que, cuando acabe siendo implementada, tenga plena vigencia y credibilidad. El proceso en el DF es absolutamente arbitrario; el proceso de la SEC es absolutamente predecible y, por lo tanto, cero arbitrario.
  • Las empresas no se quedan atrás. Banamex cancela cuentas de más de treinta años porque no se han utilizado en los últimos doce meses, como si fuera el santo gobierno. Lo peor es que es el interesado quien tiene que probarle al banco el error y no al revés. Cuando se va la luz, la respuesta de la CFE es “pero no le estamos cobrando mientras se fue la luz”, como si una economía moderna pudiera funcionar no sólo con ese grado de arbitrariedad, sino sobre todo con esa incapacidad de comprender la importancia del fluido eléctrico para la producción. Aeroméxico pone y cambia asientos según le viene en gana. ¿Para quién trabaja? La empresa con mayor número de quejas en la Profeco es Telmex. ¿Dónde quedó el consumidor?

Lo paradójico del México con una economía abierta es que, aunque ha aumentado dramáticamente la disponibilidad de bienes y servicios, el trato al consumidor sigue siendo autoritario y arbitrario. Me pregunto qué ocurrirá el día en que realmente existan opciones…

La arbitrariedad es la norma y una de las causas obvias de la desconfianza, que se ha traducido en tasas ínfimas de crecimiento económico y también de elevadísimos niveles de desprecio a la autoridad. La arbitrariedad se nutre de la impunidad y ésta genera cinismo. No hay peor círculo vicioso.

La mediocridad que abruma al país es producto de la indisposición a dar el gran paso adelante para construir un país ordenado y civilizado. Por supuesto que es necesario disciplinar, pero se tiene que lograr con la legitimidad del actuar tanto gubernamental como empresarial. Sin eso no haremos sino seguir cavando el hoyo del lenguaje justificatorio y los malos resultados. No hay forma de disfrazar obviedades como éstas.

@lrubiof

 

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Luis Rubio

Luis Rubio

Luis Rubio es Presidente de CIDAC. Rubio es un prolífico comentarista sobre temas internacionales y de economía y política, escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times.