La firma de la gobernadora de Arizona para poner en marcha la ley migratoria –que ya había sido aprobada hace meses por el Congreso local– tiene su explicación directa en la contienda electoral de este año. Tanto la gobernadora Brewer como el senador McCain enfrentan una reñida competencia dentro de un partido Republicano cada vez más radicalizado en el tema migratorio, la firma de la ley es una acción que atrae a la base del partido. Todo esto se contextualiza también en el marco del miedo creciente que existe en Estados Unidos de importar la violencia presente del otro lado de su frontera.
En respuesta a leyes como la aprobada en Arizona, el discurso de las autoridades mexicanas tradicionalmente se ha centrado en una lógica nacionalista y meramente política –ya que un porcentaje significativo de mexicanos vive en EU. Respuesta que es percibida como hipócrita por el lado estadounidense, dado que las leyes migratorias mexicanas son tanto más restrictivas. Esta estrategia discursiva del Gobierno mexicano está condenada a la intrascendencia, sin embargo, no es la única línea de acción posible.
La oportunidad reside en entender que para insertarse en un proceso de discusión relevante con el gobierno norteamericano, es necesario aceptar la responsabilidad de controlar los flujos migratorios, y particularmente, en asegurarle que se avanzará en la seguridad de la frontera.
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