El reporte que publicó esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como resultado de la investigación del caso Ayotzinapa, Guerrero, donde murieron tres jóvenes normalistas, había generado una enorme expectativa. Se trata de la primera vez que el Ombudsman ejerce la facultad -otorgada por la reforma constitucional de junio de 2010- de indagar hechos que constituyen presuntas violaciones graves a los derechos humanos. El informe confirmó esa hipótesis y señaló que tanto los fallecimientos como las detenciones arbitrarias fueron producto del abuso policial. Sin embargo, no logró esclarecer si fueron elementos de la policía municipal o estatal los que dispararon, tampoco quién coordinó la operación o quienes fueron los responsables por la tortura de uno de los detenidos. Lo anterior puede deberse a que, además de no contar con las herramientas institucionales necesarias para llevar a cabo una investigación criminal exhaustiva, la CNDH se enfrentó con tres corporaciones policiales (municipal, estatal y federal) que alteraron la escena del crimen y se han negado a cooperar.
En cualquier caso, las responsabilidades administrativas y penales que resulten de los diversos procesos en curso no necesariamente solucionan un conflicto que ha estado presente durante los últimos cincuenta años. Las normales rurales, más que un centro educativo, son mecanismos de movilidad y distribución de recursos en un entorno de alta marginación y falta de oportunidades de desarrollo económico. No sólo eso, a través de los años, la negociación de los recursos que reciben ha sucedido, sistemáticamente, después de una movilización de sus estudiantes. Bajo ese esquema de incentivos, la radicalización resulta rentable porque sirve como altavoz para sus demandas. Terminar con la violencia, en ese sentido, requeriría que los actores sociales relevantes en las políticas de presupuesto estatal establecieran mecanismos claros y efectivos de negociación.
Los eventos del 12 de diciembre en Ayotzinapa, Guerrero, revelan tres realidades que involucran a la clase política en su conjunto. Primero, la reforma constitucional de junio de 2010 que, en la práctica, no redundo en una mayor protección a los derechos humanos. Segundo, al no existir una profesionalización de las corporaciones policíacas, no existen líneas claras de mando ni protocolos de actuación. Por ello, la violación de derechos humanos queda impune y la rendición de cuentas es, por lo menos, complicada. Por último, la violencia se engendra no sólo por conflictos entre organizaciones criminales sino en cualquier entorno colmado de marginación. En prospectiva, es posible que ningún grupo político decida capitalizar estos hechos, y por tanto exigir la sanción de los responsables, pues tanto el PRI en el municipio, el PRD en el estado y el PAN con las fuerzas federales se vieron involucrados en el conflicto.
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