Con las expectativas de crecimiento económico este año para México situadas en 2.88 por ciento, no faltan las voces que señalan que los beneficios de las reformas están por llegar. La pregunta es si realmente se puede esperar que estas reformas generen un crecimiento económico sostenido o, si por el contrario, el andamiaje institucional llevará a la captura de rentas económicas por parte de ciertos grupos al amparo de la extendida estela de corrupción.
Como ejemplo podemos pensar en el sector energético. En este sector se mantienen altas expectativas con respecto a los beneficios que otorgará a sus consumidores, incluidas aquellas empresas que utilizan insumos energéticos en sus procesos productivos. Pero existen señales subrepticias que la regulación eficaz del sector energético está supeditada al control político y a una quimera de corrupción que operaría en beneficio de ciertos grupos de interés. Es decir, hay barreras a la competencia en el sector energético que, apegándose a un ejercicio regulatorio eficiente, no tienen cabida en el marco institucional de un sector llamado a ser promotor del crecimiento económico.
La primera y más evidente de estas barreras es la permanencia de los precios máximos para la venta a usuarios finales de gas licuado de petróleo (gas L.P.) que estén muy por encima de los precios de venta de primera mano (VPM). Con la reforma se permite la importación del combustible a precios internacionales para cualquier empresa que opere en México. Si el precio máximo de venta al usuario final es demasiado alto –como sucede actualmente y puede exacerbarse en 2016, las gaseras ya establecidas obtendrían ganancias propias de una empresa que opera en un mercado monopólico y tendrían pocos incentivos a la eficiencia y productividad. A menos que la liberación del precio de gas L.P. se acompañe de medidas regulatorias que faciliten el descenso de los precios al usuario final, el mercado fomentará la existencia de empresas que no operan bajo procesos competitivos en beneficio de los consumidores. El consumidor también pierde porque la corrupción impide la inclusión de otros insumos energéticos sustitutos –y potencialmente más eficientes– como el gas natural, tal y como sucede en la región central del país.
Otra problema potencial proviene de la incertidumbre que genera la apertura del mercado de gasolinas que tendrá lugar durante el periodo 2017-2019. Hoy se enfrentan problemas como la opacidad en el manejo de las franquicias de PEMEX, la penetración del crimen organizado en el mercado negro de combustibles y la competencia desleal entre dueños de franquicias que adquieren combustible ilegal. Las barreras a la competencia son dos, y ambas afectan la competitividad de las entidades federativas para atraer inversión al mercado. Por un lado, destaca la ausencia de un tabulador de precios al consumidor que reconozca la diferencia en costos que representa la provisión de gasolinas en una región del país con respecto a otra; actualmente, salvo en las ciudades fronterizas, el precio de las gasolinas es el mismo en todo el país, a pesar que su costo no lo es. Por el otro lado, el que las regulaciones sobre el ordenamiento territorial para el establecimiento de gasolineras no sea homogénea a lo largo del país, se constituye como un factor que eleva las barreras a la entrada de nuevos jugadores.
Con todo la anterior no debe sorprender que la reforma energética no modifique dramáticamente el dinamismo de la economía mexicana. La plataforma regulatoria del sector energético no está encaminada a la promoción de una competencia que produzca beneficios a sus consumidores y genere incentivos a la productividad. El débil cumplimiento de la ley y la presencia de barreras a la competencia serán caldo de cultivo para la perpetuación de un modelo de extracción de rentas para el beneficio de unos cuantos.
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