El pasado jueves 14 de septiembre, el Senador Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa de reforma constitucional en la que sugiere que el Ejecutivo tenga la opción de conformar un gobierno de coalición con el fin de aumentar la gobernabilidad. Bajo el esquema sugerido, se acordarían políticas públicas con miembros de la oposición y el poder Legislativo se haría responsable del seguimiento de las mismas. Asimismo la iniciativa sujeta a cada uno de los secretarios de Estado a la ratificación del Senado, con la posibilidad de dos vetos subsecuentes. Por último se propone que el Presidente tenga voz en las cámaras del Congreso por sí mismo, o a través del secretario de Gobernación, para que pueda presentar iniciativas, informes o responder a preguntas.
La justificación detrás de la propuesta del Senador Beltrones es que un gobierno de coalición, al incluir a la oposición en el seguimiento de políticas públicas, favorecería la gobernabilidad. En este sentido, se contrapone a la iniciativa sugerida hace algunos meses por el ex Gobernador Enrique Peña Nieto. En ésta, la exposición de motivos argumentaba que se generaría gobernabilidad al sub-representar a la oposición en la cámara. Es decir, mientras la iniciativa de uno argumenta que la gobernabilidad se logra a partir de la inclusión de la oposición, la otra argumenta que la exclusión era la solución. Mientras que la iniciativa de Peña Nieto probablemente aumentaría la gobernabilidad, introducía un debate de representatividad. La iniciativa de Beltrones, por su parte, al no obligar al Ejecutivo a la formación de gobiernos de coalición, deja pocos incentivos a que éste ocupe el recurso.
La contraposición de posturas es simultánea a la competencia por la candidatura del PRI a la Presidencia y responde a la necesidad del Senador Beltrones de generar interés que lo ayude a posicionarse ante la opinión pública. Para ello, la estrategia del Senador fue presentar una iniciativa que lo diferenciara de Peña Nieto. Sin embargo, ésta no parece en realidad una confrontación a los intereses inmediatos de Peña Nieto por tres razones. La primera es que el PRI espera llevarse una mayoría en el siguiente Congreso, en consecuencia y en segundo lugar, la ya mencionada ausencia de obligatoriedad dejaría intacto al nuevo Ejecutivo. Finalmente, dado que la modificación requeriría modificaciones de leyes secundarias, éstas pueden quedarse en la congeladora legislativa aún después de haberse aprobado las reformas constitucionales. Así que en este caso disentir es de bajo riesgo y conveniente.
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