Combatir al crimen organizado ha sido el estandarte del Gobierno Federal en esta administración, sin embargo, ya no es exclusivo de éste. Hoy en día, gobernadores de distintas entidades han compartido esta urgencia -a su manera- debido a la dosis de violencia que los grupos criminales utilizan para llevar a cabo sus distintas actividades. Su lectura es que la paz no tiene precio y para ello buscan la solución inmediata, que desde luego no va por el camino de mejorar las capacidades de investigación o de cooperación entre corporaciones y órdenes de gobierno. En este escenario, Bibiano Villa, formado como general militar y después Director de Seguridad Pública de Torreón, pone a prueba su éxito para lograr reestablecer una amenaza creíble de que el Estado actuará ante estas demostraciones violentas. La pregunta es a qué costo.
A pesar de que la Constitución ordena que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil -en oposición a militar- entidades como Coahuila y Quintana Roo han puesto a la cabeza de la Seguridad Pública a miembros del Ejército retirados que no han logrado desprenderse de la lógica de que el enemigo debe ser eliminado. Bibiano Villa ha declarado públicamente que, aún cuando no se trata de un enfrentamiento, no es necesario interrogar a un presunto criminal y que la mejor solución es torturarlo o ejecutarlo. El ex General Villa pasa por alto que, por mandato constitucional, toda pena debe de ser proporcional al delito que se sancione, que nadie puede ser privado de sus libertades o derechos sino mediante juicio y más importante aún, la pena de muerte está prohibida en México.
Pareciera entonces que existe un ánimo por dejar la ley a un lado a cambio de soluciones inmediatas, en realidad no importa cuántos mueran, cómo o por qué. La ironía es que aún con estas demostraciones de fuerza, el ex General Villa no logró reducir los índices de delincuencia común en Torreón. A pesar de ello, el gobernador de Quintana Roo ha solicitado que Villa sea ahora Director de Seguridad Pública en su entidad. Desdibujar la línea entre lo legal y lo ilegal trae graves consecuencias en el corto y largo plazo. Pasar por alto prácticas de esta naturaleza es consolidar una pena de muerte sin juicio, hoy para el crimen organizado, después para lo que sea.
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