El 1 de septiembre, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro a entregar el VI Informe de Gobierno del presidente Calderón. Ante este evento nos preguntamos: ¿deja Felipe Calderón un México mejor al que recibió en 2006? Si la medida de satisfacción fuera el voto de los ciudadanos por la continuidad del todavía partido en el gobierno, la respuesta sería “no”. Sin embargo, el análisis debe ser más detallado.
Según Mitofsky, en 2006, la seguridad y el empleo eran las dos principales preocupaciones de la ciudadanía y se priorizaban por igual, con 22.7% cada una. Un sexenio después, la inseguridad ya ha superado, y por mucho, las inquietudes económicas de los mexicanos. No podía ser para menos. En sólo seis años se han registrado 106,084 homicidios dolosos, 28,186 denuncias por extorsiones y 5,660 más por secuestro – todo lo anterior sin tomar en cuenta la cifra negra de cada delito. Estos tres últimos datos, además de mostrar la magnitud que ha alcanzado el fenómeno delictivo en el país, también sirven como indicadores de gobernabilidad pues indican la (obviamente limitada) capacidad del Estado para cumplir con dos de sus fines primarios: proteger la vida y la propiedad de sus ciudadanos. Paradójicamente, la prevención, persecución y sanción de los delitos antes mencionados es (constitucionalmente) responsabilidad de las entidades y no del gobierno federal. No obstante, la lucha que emprendió Calderón, primero contra el narcotráfico y luego contra el crimen organizado, terminó siendo percibida como una batalla contra el crimen en general. Bajo esa lógica, los precarios éxitos de su estrategia se subsumieron entre tantos episodios de violencia que, sin ser su responsabilidad inicial, terminaban siendo controlados por fuerzas federales.
Respecto al área económica, el informe presidencial puntualizó una histórica inversión en infraestructura, una economía sólida –particularmente por la estabilidad macroeconómica-, una tasa de crecimiento positiva, el fortalecimiento de la industria, sobre todo a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), y la creación y generación de empleos. Fuera del primer punto innegable, acelerado además por el desarrollo de infraestructura a partir de los gobiernos estatales, el resto tiene una serie de puntos que es necesario matizar. Pese a que el país lleva tres años con crecimiento económico arriba del 3%, durante el sexenio la tasa de crecimiento fue solamente del 1.7%, en parte por el efecto de la crisis financiera de 2008, pero sobre todo por la falta de desarrollo productivo, tecnológico e innovación. La productividad laboral durante el sexenio creció a una tasa promedio de solamente 0.48%, limitando el crecimiento del país en el largo plazo, y el gasto en investigación y desarrollo representa un escaso 0.5% del PIB cuando en países desarrollados es seis veces mayor -pese al incremento en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la investigación en ciencia y tecnología. Por su parte, la percepción de estabilidad económica está fundada en el incremento en las reservas nacionales aunado a la estabilidad de la inflación. Finalmente, el apoyo a las MiPyMEs –desde el sexenio de Vicente Fox- tuvo un problema de entrada: se potencializó el empleo y desarrollo de empresas sin capacidad de crecimiento en el mediano plazo –tanto en su valor de producción como en su tamaño. Dos sexenios después tenemos un país con 95% de micro-empresas las cuales ocupan el 42% del personal ocupado y reciben solamente el 14.9% de las remuneraciones totales, a través de actividades de bajo valor agregado.
En suma, ¿qué calificación le podríamos dar al gobierno de Felipe Calderón?; o, mejor dicho, ¿hacia qué lado se inclina la balanza con sus resultados? En seguridad, el orden de los factores sí alteró el producto. La implementación de una estrategia bien intencionada, pero sin la infraestructura para cumplirla, generó un balance negativo en cuanto a la efectividad de la misma. En economía, las felices cifras macroeconómicas continúan topándose con lo endeble de los bolsillos de muchos aunque, siendo optimistas, se han construido las bases para que esto cambie positivamente. Sin embargo, mientras la mezquindad política siga obstaculizando y tergiversando las reformas necesarias para el país, y el imperio del estado de derecho subsista como una aspiración –por momentos hipócrita—tanto de la sociedad como del gobierno, los balances desafortunados no podrán ser de otra manera.
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