En el desalojo de la mina de Cananea, la acción de las fuerzas federales se concentró en dos objetivos: evitar un aseguramiento violento y no poner en peligro la mina. Esto, dado que los huelguistas se habían quedado sin mayores opciones legales ante la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –que declaró extinta la relación laboral entre el sindicato y la empresa– y el aval de la Suprema Corte a dicha resolución.
En paralelo, el paquete de indemnización ofrecido a los trabajadores que se reporten en los primeros cinco días, así como la promesa de recontratación, son incentivos suficientes para atraer a aquellos cuya principal preocupación es encontrar un sustento para sus familias –estrategia que ya demostró ser exitosa para el Gobierno Federal en el caso de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Esto dejará de cualquier forma un grupo inconforme que buscará llevar el conflicto a sus últimas consecuencias y cuya motivación es primordialmente política. Para ello contarán con el apoyo, al menos retóricamente, de los líderes de la izquierda –que de hecho ya han pronunciado su rechazo a la acción del gobierno en función a la importancia corporativa que para ellos tiene la base sindical– y de los sindicatos tradicionalmente opuestos a las acciones del Gobierno Federal.
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