Desde 1946, los partidos políticos gozaban de la exclusividad para postular candidatos a cargos de elección popular. La reforma electoral de 2012 rompió con esta tradición al modificar el artículo 35 de la Constitución y estableciendo que “el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y que cumplan con los requisitos de la legislación.” El 7 de julio se celebraron elecciones en 14 estados pero solamente dos entidades- Quintana Roo y Zacatecas- modificaron su reglamento electoral para que la reforma tuviera efecto y se pudieran postular candidatos independientes. A primera vista, el caso de Zacatecas, muestra resultados interesantes. El triunfo del candidato independiente Raúl de Luna Tovar en la alcaldía de General Enrique Estrada en Zacatecas quien, según datos del PREP, obtuvo 1,378 votos (derrotando a la coalición PAN-PRD que obtuvo 1,110 y al PRI con 431) nos permite reflexionar sobre la importancia y el impacto de este tipo de mecanismos en la política mexicana.
Las figuras de democracia directa abren espacios para una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la esfera política y revitalizan la desacreditada estructura de partidos plagada de corrupción, de acuerdo a Transparencia Internacional el 91% de los mexicanos los considera corruptos. Las candidaturas independientes fomentan la pluralidad en las propuestas electorales ya que al no encontrarse atados a estatutos partidistas introducen nuevos temas al debate. Además, pueden atacar la apatía y el abstencionismo (que alcanzó niveles de hasta el 60%) incentivando una mayor participación en la ciudadanía, pues estos candidatos precisan de una estrecha colaboración con la comunidad que representarían, pues para poder obtener el registro el individuo necesita de un mínimo determinado de firmas de apoyo. Así mismo, pueden volverse una alternativa que capture el sufragio de quienes no se sienten representados por ningún partido reduciendo así los votos nulos y la tasa de abstención.
A pesar de estas bondades, las candidaturas independientes pueden ser vulnerables a distintas amenazas. Por un lado, las candidaturas perderían su carácter de independencia al poder ser capturadas por militantes de partidos políticos, redes clientelares, u organizaciones criminales quienes hondeando una falsa bandera ciudadana respondan intereses distintos a los de la sociedad civil. El caso del triunfador en Zacatecas muestra evidencia que legitima esta sospecha, pues Raúl De Luna Tovar se desempeñó como presidente municipal del PAN en el periodo 2008-2010. La política no es terreno desconocido para él, y permite cuestionar en realidad qué tan independiente es el nuevo alcalde De Luna. Por otro lado, las candidaturas independientes se tornarían irrelevantes si es que se les sobre-regula. A falta de una ley secundaria federal, su normatividad depende de los estados por lo que es importante vigilar que estas regulaciones mantengan la equidad y su viabilidad. Se debe evitar volverlas inoperantes a través de exigencias inalcanzables como un porcentaje de firmas demasiado alto, una falta de claridad en su sistema de financiamiento y una fiscalización confusa. Además, se debe otorgar cierto nivel de equidad entre los candidatos independientes y los partidos para que la competencia no se vuelva una simulación.
Las candidaturas independientes son una respuesta ante el desprestigio de los partidos políticos entre los ciudadanos. Ofrecen espacios, previamente reservados a los partidos, para quienes no están de acuerdo con la “partidocracia” y sus ofertas electorales. No obstante, es importante dimensionar el alcance de estos mecanismos de democracia directa, pues se pueden confundir como el remedio a una serie de malestares de nuestra democracia cuando en realidad no lo son. Las candidaturas independientes deben ser apreciadas como un derecho político que complementa las capacidades de participación dentro de la democracia y como todo derecho requiere de cierto grado de responsabilidad por parte de la sociedad para saber emplearlas conscientemente.
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