El pasado 9 de agosto, luego de casi treinta años en prisión, Rafael Caro Quintero abandonó –bajo el amparo de una resolución judicial- el centro de reclusión de Puente Grande, Jalisco. La liberación de quien fuera el narcotraficante mexicano más influyente de la década de 1980, ha generado un sentimiento generalizado de indignación en la población. Su liberación, aunada a una serie de resoluciones judiciales recientes (entre ellas la absolución por enriquecimiento ilícito de Raúl Salinas o la puesta en libertad de Florence Cassez), alimenta el afianzado clima de desconfianza respecto del ejercicio de la justicia en México. Y, por supuesto, no es para menos.
El proceso de Caro Quintero fue un caso típico de la justicia mexicana: un cuarto de siglo para resolver su responsabilidad en el homicidio del agente estadounidense Enrique Camarena. Detenido en 1985, fue hasta 2009 cuando un tribunal decidió su culpabilidad por dicho delito. La labor lenta y deficiente de la administración de justicia, comenzando por el pésimo y viciado ejercicio del ministerio público, terminó por generar los elementos necesarios para que la defensa presentara un amparo argumentando la incompetencia del juez para conocer del caso. El amparo fue concedido y, so pretexto de haber cumplido las sentencias relativas a sus otros delitos, el juez decidió ordenar su liberación. Lo preocupante, más allá de la equivocación de la autoridad cometida hace 30 años (ejercer la acción penal en el fuero federal y no en el común), es que este tipo de errores continúan cometiéndose hoy. Casi tres décadas después, no hay evidencias de mejoras sustanciales en la operación de las procuradurías, el asunto neurálgico de la justicia en México en la actualidad. Asimismo, es importante señalar que, aunque el sentido de la resolución del amparo es acertado, no lo es la decisión de liberar al sinaloense. En lugar de ello, el juez tuvo la posibilidad de enviar el caso al tribunal competente para que conociera del asunto. ¿Por qué dejarlo en libertad y no ordenar la reposición del proceso? En este sentido, las suspicacias se encuentran justificadas. Además, ¿dónde está la apelación de la Procuraduría General de la República?
Más allá de los asuntos legales, la liberación de Caro Quintero también produjo reacciones de tinte político; entre ellas, la explícita desaprobación del gobierno estadounidense. Cabe recordar que, por tratarse del homicidio de un agente estadounidense y por la relevancia del acusado, dicho gobierno estuvo desde el inicio muy interesado en el asunto. En su momento solicitaron la extradición, pero ésta fue negada. Ahora han expresado su preocupación por las posibles implicaciones de la liberación en la dinámica del crimen organizado, y se han pronunciado por la necesidad de iniciar investigaciones que pudieran determinar una nueva detención (si es que algún día vuelve a aparecer, claro está). Todo esto se produce en un contexto de alejamiento entre los gobiernos mexicano y estadounidense en temas relacionados con seguridad y narcotráfico (por lo menos comparado con la cercanía durante la administración federal anterior). Pero el asunto de fondo trasciende a los temas de política exterior, pues tanto los estadounidenses como los mexicanos tenemos el mismo objetivo de fortalecer la justicia en el país. El problema es que, dada la debilidad del ministerio público, toda la “justicia” de las últimas décadas queda en entredicho con estos casos y potencialmente, con la abrumadora mayoría de los encarcelados en el país. No es que sean inocentes: el problema es que la combinación de una mala procuración de justicia (los ministerios públicos) con un poder judicial enclenque pero cada vez más independiente puede acabar siendo letal.
Cabe subrayar la posibilidad de que, a raíz de esta liberación, el principio del debido proceso sea nuevamente atacado. Quienes lo desprecian lo culparán por permitir la salida de acusados (una perspectiva comprensible si consideramos que, hasta ahora, parece sólo hacerse valer a favor de involucrados en casos polémicos y mediáticos), pero que evidencia un malentendido sobre la pretensión del principio, el cual busca la protección de inocentes y no la liberación de culpables. Sin embargo, también es cierto que el debido proceso seguirá siendo una ingenua ilusión mientras el sistema de justicia continúe repitiendo los mismos vicios. En el caso comentado, resulta escandaloso que la liberación se deba a un error de libro de texto cometido por el Ministerio Público. El caso del “narco de narcos” es una estrellita más para el sistema de procuración de justicia, el cual se encuentra ante la disyuntiva de mejorar su desempeño o abonar al descredito que se ha ganado de forma justificada.
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