Después de por lo menos dos años de que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) impulsara la idea, hace unos días el Presidente Calderón entregó la primer Cédula de Identidad en Guanajuato. La primera fase del proyecto está diseñada para niños de 4 a 17 años, con una inversión de 1,000 millones de pesos, y un objetivo de 25.7 millones de cédulas emitidas este sexenio. La Cédula incorpora información del Acta de Nacimiento, CURP e identificación física: rostro, dactilares e iris. Este programa ha sido objetado por múltiples actores con base en tres preocupaciones principales: el número de datos que incorpora, la poca certeza de cómo se utilizarán y cómo serán resguardados. La venta clandestina de otros registros en México no ha abandonado la memoria nacional.
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Instituto Federal Electoral (IFE) han encabezado las críticas a la Cédula desde 2009. El IFAI, por ejemplo, sostuvo que violaba tres principios establecidos en la Ley de Transparencia: licitud, proporcionalidad, y confidencialidad. Licitud porque la Ley General de Población no preveía un autorización expresa para recabar la información física. Proporcionalidad porque no existían razones suficientes para justificar la obtención de la fotografía del iris –en los países donde una cédula de esta naturaleza existe, el iris no es un dato requerido. Y confidencialidad porque la integridad y disponibilidad de los datos personales no podían ser garantizadas con las medidas de seguridad adoptadas en la base de datos. El IFE, por otro lado, cuestionó la utilidad de extender el programa a mayores de edad en vísperas de una elección federal.
Para resolver estos temas, SEGOB optó por acotar la expedición de cédulas sólo a menores y por emitir un Reglamento a la Ley General de Población. Sin embargo, este reglamento será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de una controversia constitucional presentada por el pleno de la Cámara de Diputados. Más allá del debate legal y las críticas al programa lo cierto es que, otro fracaso del Estado para crear un registro de esta naturaleza podría tener como consecuencia que pasara mucho tiempo antes que otro Gobierno se aventurara a impulsar la identificación universal. Si programas como este no tienen el seguimiento debido, a la vuelta de un tiempo se vuelven una carga política y un desperdicio de recursos como el RENAUT o REPUVE.
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