El asesinato de Armando Chavarría, diputado local del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero y precandidato líder a la gubernatura del estado, incitó de inmediato a especular sobre los motivos del asesinato. Aunque la cúpula del PRD adujo motivos políticos, es notable que el Gobierno del estado, encabezado por el perredista Zeferino Torreblanca haya minimizado esa hipótesis de inmediato, dejando abiertas todas las posibilidades. No es para menos: de acuerdo con un reporte de su propio partido, de enero a julio de 2009 habían muerto 20 militantes perredistas en el estado, y la muerte de uno de sus posibles sucesores no hace sino incrementar la presión sobre el Gobernador por el tema de la violencia que vive Guerrero y alimentar a sus propios enemigos dentro del PRD. Habiendo dicho esto, es ocioso adelantar hipótesis. De entrada, la presencia del crimen organizado en el estado –y la experiencia reciente en Michoacán– podría proveer un motivo más sórdido para el asesinato de Chavarría. Las disputas rurales que sacuden regularmente a Guerrero, podrían proveer motivos alternos también. La dinámica local de Guerrero no puede extrapolarse fácilmente a otros estados de la república y mucho menos las circunstancias concretas del caso de Chavarría, que apenas y se conocen. Los deudos políticos del perredista están en todo su derecho de exigir justicia en éste como en cualquier otro caso, pero es muy probable que ninguna investigación les satisfaga.
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