La batalla por el control de la Comisión Federal de Telecomunicaciones continúa, ahora en el Poder Judicial. Tras un punto de acuerdo promovido por los partidos de oposición en el Senado, se presentará esta semana una controversia constitucional en contra de dos acciones del Ejecutivo: aceptar la renuncia de Héctor Osuna –argumentando que la ley sólo contempla la renuncia de un Comisionado por causas graves– y el nombramiento de Mony de Swaan –argumentando su falta de experiencia en el sector.
Con la nueva controversia constitucional, el PRI busca aumentar la presión para que se discutan posibles reformas al diseño institucional de los reguladores, en particular de la Cofetel. Lo que está en juego es el control de un sector altamente rentable, tanto por su potencial de crecimiento para el país como por el acceso que las empresas del sector pueden proveer a los partidos en términos electorales.
Cabe señalar que no es la primera vez que la oposición disputa los nombramientos en la Cofetel, también lo hizo con Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous en 2006, controversia que tardó 3 años en resolverse. De hecho, los problemas sobre el control del organismo existen desde su creación. En 1995, la Cofetel se crea a través de un artículo transitorio, sin mayor consenso entre los partidos que la creación del organismo. No es hasta una década después, en 2006, que se reconoce el organismo por ley.
Las diversas controversias e iniciativas de reforma presentadas relacionadas con la Cofetel, desde su creación hasta el momento, tienen en común que se centran en un debate no resuelto: el papel de los órganos reguladores, el grado de autonomía con el que deben contar y su relación con el Ejecutivo y el Legislativo. Por lo visto, en las últimas semanas, y ante la controversia sobre los nombramientos que hoy se presenta, resulta evidente la incapacidad de ambos poderes para generar propuestas que busquen un equilibrio y que sean aceptables para la mayoría de los actores involucrados.
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