La semana pasada, la Comisión Federal de Competencia (CFC) aprobó la concentración Televisa-Iusacell –esta última propiedad de Grupo Salinas-, la cual había negado en enero de este año por considerar que representaba riesgos para la competencia. En la reciente resolución, la CFC impuso una serie de condicionamientos a las empresas involucradas con la intención de, en su opinión, evitar el riesgo de colusión de sus propietarios en el mercado de la televisión abierta y hacer posible la introducción de una mayor competencia en telefonía móvil. Además, la concentración está sujeta a que se realice exitosamente una licitación de una tercera cadena de televisión abierta en un plazo no mayor a 24 meses, lo que, idealmente, introduciría competencia en ese rubro. No obstante, esta decisión ha desatado un fuerte debate, no sólo en torno a si la Comisión tiene la fuerza suficiente para hacer valer estas condiciones, sino también respecto a si de verdad se eliminó el riesgo de colusión entre los participantes. A primera vista, pareciera que la resolución de la CFC pone en la balanza, por un lado, la potencial aparición de nuevas prácticas anticompetitivas y, por el otro, la posibilidad de que los consumidores cuenten con más y mejores servicios de telefonía y televisión. Sin embargo, la discusión es más compleja que un simple análisis de costo-beneficio.
Las condiciones impuestas por la CFC – que consisten, entre otras, en la no discriminación en venta de publicidad, administración de Iusacell desligada de los negocios de TV abierta y restringida de Grupo Televisa y Grupo Salinas (TV Azteca), así como venta por separado de contenidos de TV abierta y restringida— no eliminan los incentivos que tienen las televisoras para coludirse. Si de eliminar la posibilidad de colusión entre las televisoras se trataba, el elemento que pudo haber contribuido a un mejor entorno de competencia es que la CFC hubiese impuesto un esquema de “must carry, must offer” gratuito. Este término se refiere a la obligación que tienen las empresas de televisión restringida (por cable o satelital), de incluir en las señales que transmiten a sus suscriptores, los canales de TV abierta, si el concesionario lo solicita; y viceversa, los concesionarios de TV abierta también tienen la obligación de ofrecer sus señales de televisión a todos los concesionarios de televisión restringida que lo soliciten. La aprobación de un esquema con estas características resulta crucial, pues la televisión abierta no es otra cosa que la concesión de un bien público (el espectro radioeléctrico) que no puede ser restringido por intereses privados.
Por otro lado, aun cuando las condiciones impuestas sí implicaran un desincentivo de colusión para las televisoras, sancionar su incumplimiento se antoja complejo dado el entramado jurídico que regula los procesos de apelación de las decisiones de la CFC. Sin exagerar las debilidades del diseño institucional actual, puede transcurrir una década antes de que se cuente con una sentencia firme derivada de un litigio originado en la Comisión. Es decir, hoy no existen todavía condiciones para que la CFC identifique y sancione prácticas anticompetitivas. En tal escenario- donde no hay mucho que perder- la Comisión apuesta por incluir más competidores en telefonía y televisión abierta. Y justo en ese punto se debe afinar el análisis. El gobierno federal no ha sido suficientemente contundente en el impulso de una política de competencia en el país. En este sentido, el marco acordado para motivar la apertura en el sector telecomunicaciones tardó mucho en llegar y, además, continúa sin tener un entorno sólido respecto a la situación de los reguladores. Así, sin muchos avances netos en la materia, el fortalecimiento de los órganos reguladores será parte de la estafeta que la siguiente administración federal está llamada a resolver.
En el fondo, estas disquisiciones revelan serios problemas de definición institucional. Primero, la estrategia de desarrollo de un sector, en este caso de las telecomunicaciones, corresponde al ejecutivo federal. Sin embargo, es la CFC la que esta tomando esa atribución. Segundo, la CFC no ha logrado ganar la legitimidad necesaria para ejercer sus funciones. Y tercero, la ausencia de definición política respecto a los objetivos y límites reales de avanzar hacia la construcción de mercados competidos es lo que explica, a final de cuentas, el caos y las contradicciones que se observan en cada uno de estos procesos.
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