A dos años del inicio de la nueva administración resulta notable lo difícil que ha sido resolver algunos de los temas centrales de la competencia y la regulación económica. Ciertamente no ha sido por falta de esfuerzos.
Como en pocas otras ocasiones históricas, esta administración inició su gestión en un entorno social más favorable a acciones pro-competencia. Desde diversas partes del espectro político se manifestaron voces a favor de aumentar la competencia. La propia Suprema Corte había hecho uno de los más fuertes pronunciamientos a favor de la competencia. La administración inició con varios funcionarios fuertemente comprometidos con una agenda pro-competitiva tanto en los órganos reguladores, como en otros lugares clave del aparato gubernamental. El propio presidente Calderón señaló –para sectores como las telecomunicaciones– su intención de lograr las tres “C”: competencia, cobertura y convergencia.
Conforme el tiempo pasa es posible constatar lo difícil que resulta desanudar conflictos clave, y lo fácil que ha sido emprender acciones regulatorias con efectos prácticamente nulos. El problema va más allá de las buenas intenciones y tiene que ver con serias deficiencias institucionales irresueltas.
El sector telecomunicaciones es ejemplar a este respecto, por ser aquel en el que se ha concentrado el mayor número de acciones de las autoridades y disputas entre estas y con la industria. A mediados de este año, la autoridad de competencia inició varios procedimientos para declarar dominantes a empresas telefónicas del sector, mismos que avanzan lentamente y que generan el previsible rechazo de la industria. El resultado de los procedimientos todavía llevará algunos meses, y la esperada impugnación judicial de las resoluciones definitivas algunos años. Más aún –bajo el kafkiano procedimiento utilizado en México–, sólo hasta que las resoluciones de la Comisión de Competencia queden firmes, podrá actuar la Comisión de Telecomunicaciones (Cofetel) para regular las tarifas de las telefónicas declaradas dominantes.
Ciertamente, Cofetel y la Subsecretaría de Comunicaciones no se han esperado a que las acciones de la Comisión de Competencia rindieran frutos. En septiembre de este año emitieron varias resoluciones en materia de tarifas de interconexión y reventa entre empresas de telefonía fija y móvil. éstas han sido rechazadas por la industria, que ha logrado que sean suspendidas por el Poder Judicial o por las propias autoridades administrativas. Otras medidas regulatorias emprendidas –p. ej., subastas de espectro impulsadas por Cofetel, o modificación del título de concesión de Telmex para permitirle prestar servicios de video han avanzado muy lentamente–, lo que sugiere que las propias autoridades no están confiadas de la viabilidad de llevarlas a cabo.
La situación prevaleciente en el sector difícilmente se revertirá en el futuro próximo. Por el contrario, en el contexto electoral del 2009, las disputas entre los participantes de la industria, y de estos con las autoridades se politizarán más todavía. El poder de las grandes empresas de televisión y telefonía –todas ellas importantes contribuyentes a los tres grandes partidos– se verá reflejado en nuevas iniciativas legislativas que tratarán de beneficiar a una u otra de las partes en conflicto, mientras las autoridades administrativas se volverán más tímidas ante las crecientes presiones políticas.
Por otra parte, el entorno de desaceleración económica hará aún más difícil la labor de los reguladores en los próximos años. Las recesiones son momentos históricos en los que la política de competencia debe remar a contracorriente. Más aún en países como México que no acaban de consolidar un marco institucional efectivo para lidiar de manera profesional con los complicados retos de la competencia y la regulación económica.
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