Desde que inició la estrategia de combate al crimen organizado, el Gobierno Federal ha lucrado con la noción de que los gobernadores le piden ayuda sin asumir sus responsabilidades jurisdiccionales en esta lucha. El operativo CONAGO-1, encabezado por Marcelo Ebrard, busca y logra precisamente atacar esa crítica. Con este ejercicio Marcelo se posiciona como el gran articulador, mientras la CONAGO y con ella todos los gobernadores, adquieren nuevo reconocimiento.
Sin embargo, vale la pena recalcar que este despliegue mediático en lugar de contraatacar, reafirmó y copió la estrategia del Gobierno Federal. Es decir, al basarse en incrementar el número de aprehensiones, la creación de situaciones de flagrancia y enlistar el número de detenidos, el operativo CONAGO-1 implica un ataque a la percepción del nivel de inseguridad. Esto, sin necesariamente mejorar la realidad estructural del sistema de procuración de justicia.
La realidad es que los gobernadores siguen sin realizar verdaderos cambios en la estructura del proceso de investigación judicial. En la Reforma Penal de 2008, la Constitución señaló un plazo de tres años para que se estableciera un sistema penitenciario de reinserción social y se instauraran jueces de ejecución de sentencias. Casualmente, el vencimiento del plazo coincidió con el despliegue mediático de la CONAGO. La SETEC reveló el viernes pasado que 23 entidades federativas habían aprobado legislación pertinente a ejecución de sentencias (nueve de ellas en los últimos 19 días), tres cuentan con iniciativa de ley y seis no han realizado trámite legislativo alguno. En el mejor de los casos, como lo es el caso del DF, comenzaron a funcionar únicamente dos de los 25 jueces de ejecución de sentencias que estaban programados.
Por un lado, la efectividad del operativo es cuestionable porque, al no depender de elementos sorpresivos o aleatorios, las reducciones estadísticas en delitos no son representativas de la realidad. Por el otro, este tipo de operativos reporta presuntos delincuentes que, sincasos sólidos y bajo el cobijo de un sistema penal que falla en la investigación y recolección de evidencia, muy probablemente saldrán a delinquir de nueva cuenta en el corto plazo.
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