Una reforma política, fiscal y laboral en la agenda de asuntos pendientes marcaron el inicio de actividades del Congreso de la Unión este año. Sin embargo, la actividad legislativa se enfrentó a dos grandes obstáculos. Por un lado, los procesos electorales en 16 entidades del país alteraron los incentivos para la discusión y conformación de acuerdos políticos necesarios para cristalizar estas propuestas. Por el otro, la incipiente capacidad del Ejecutivo para generar consensos en el Congreso lo obligó a renunciar a reformas estructurales y a conformarse con iniciativas poco ambiciosas que terminarían congeladas en el proceso legislativo. La gravedad del problema de seguridad pública en el país tampoco logró alinear los incentivos de los grupos parlamentarios, en este rubro, sólo la Ley Antisecuestros logró concretarse, dejando en el tintero las propuestas de Mando Único de Policía y la de reforma al fuero militar.
El tema que, como todos los años, propició una intensa labor de cabildeo fue la negociación del paquete fiscal. La negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) es el reflejo de la prioridades del país, y en este año, el proceso y los números demuestran que para México la prioridad está en mantener los arreglos internos que conducen a ganar elecciones, más que a crear condiciones para generar certidumbre y oportunidades de desarrollo.
Al final fue un año sin sorpresas: el Congreso es un lugar ideal para discutir la distribución del erario público, pero resulta un terreno infértil cuando se trata los problemas inmediatos del país. Queda una vela prendida en el Congreso, la reforma a la Ley de Competencia se perfila como el único logro legislativo del año, aunque tal vez el bienestar de la economía y el de los consumidores sean propósitos de año nuevo.
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