El proceso de renovación de tres consejeros del Instituto Federal Electoral pone de manifiesto la pérdida de relevancia en el perfil de la institución. Si bien la designación de consejeros siempre ha tenido una dosis de repartición de cuotas, la experiencia y calificaciones de los primeros consejeros dotaba de legitimidad al propio Instituto. Esta situación se fue deteriorando hasta llegar al punto en que arriban al IFE consejeros cuya mayor credencial es haber alcanzado el consenso de las distintas fuerzas políticas.
Estas reglas han convertido al IFE en sólo un organizador de procesos electorales y no en un arbitro que vigila que éstos se den en condiciones mínimas de equidad. Dicho rol ha sido sustituido, políticamente al menos, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha alcanzado niveles de protagonismo que no son propios del perfil de la institución. La consecuencia es un IFE minado en su credibilidad.
El actual proceso de selección de consejeros en el Congreso augura que la decisión de las fuerzas partidistas contribuya nuevamente a debilitar al IFE, y que rumbo a las elecciones federales de 2012 no haya instancia electoral lo suficientemente fuerte para sancionar los abusos que se puedan cometer en la contienda.
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