A principios de esta semana tuvo lugar el XXXI Consejo Nacional de Seguridad Pública conformado por los representantes del Ejecutivo de todas las entidades y el Presidente de la República. El Consejo centró su discusión en cuatro ejes: datos sobre delitos de alto impacto proporcionados por INEGI, acciones efectuadas para combatir los delitos de alto impacto, el trabajo de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia (Províctima) y, finalmente, la evaluación de las corporaciones policíacas y ministeriales. Los resultados de la sesión, además de predecibles, evidenciaron el problema que subyace a la crisis de seguridad: los gobiernos locales no tendrán incentivos para fortalecer sus instituciones de justicia mientras el Gobierno Federal sea un bateador emergente, incondicional y a la primera llamada, cada vez que una entidad entre en crisis.
Como ejecutores de la estrategia que impulsa el Gobierno Federal, priorizar la persecución de delitos de alto impacto, Marisela Morales y Genaro García Luna presentaron los avances-precarios en todos los casos- en materia de secuestros, homicidios por presunta rivalidad delincuencial y personas no localizadas. Aunque pasó desapercibido por los medios, el Gobierno Federal se refirió a los desaparecidos como personas no localizadas. El cambio de nomenclatura, aunque pueda parecer sutil, desvía la solución del problema del terreno de lo penal y lo convierte en un asunto de carácter civil. Es decir, las desapariciones de casi tres mil personas en México no merecieron un esfuerzo de investigación criminal por parte de todos los ámbitos de gobierno y, en cambio, las autoridades prefieren acordar una iniciativa que solo busca acortar el trámite de declaración de ausencia para que los familiares de los ausentes puedan proteger sus bienes.
El tema que sí mereció una reacción de los gobernadores fue la evaluación de las corporaciones policíacas y ministeriales. Ante la meta de evaluar al 50% de las fuerzas operativas para mayo de 2012, los ejecutivos locales remarcaron la falta de capacidades instaladas para hacer frente al reto. Por un lado, se requieren 600 poligrafístas en todo el país para evaluar a las fuerzas operativas restantes. Por el otro, aún si se lograra llegar a la meta, las entidades no podrían reclutar y evaluar a nuevos elementos para sustituir a quienes no pasaron los respectivos exámenes. Ante esa problemática, la respuesta del Presidente Calderón fue liberar los recursos federales necesarios para ampliar las capacidades de evaluación de las entidades. Marcelo Ebrard propuso otro escenario en el que la solución estaba en flexibilizar la evaluación para sólo destituir a los elementos que presentaran indicios de corrupción aunque no contaran con el perfil psicológico adecuado. Esta propuesta, que permitiría a las entidades más grandes acercarse a la meta, podría ser el eje de una nueva discusión entre quienes, por un lado, prefieren contar con menos policías pero que sean confiables y, por el otro, quienes prefieren suavizar los mecanismos de control a pesar de los posibles riesgos que ello implique.
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