En el Senado se presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) así como una modificación del Código Penal Federal, para imponer sanciones penales y multas económicas –que alcanzarían hasta 20% de las utilidades de la empresa– a quienes celebren acuerdos de colusión. Como regla general, otorgar más “dientes” a la CFC es positivo. Sin embargo, si las sanciones propuestas sólo aplican para un tipo de falta a la competencia (colusiones), existe el riesgo de sancionar únicamente a los grandes oligopolios, y no necesariamente promover el fortalecimiento de la competencia –que debería ser el espíritu final de la LFCE. Otro aspecto a revisar en la propuesta es la proporcionalidad de la ley, de manera que la sanción o multa vaya de acuerdo a la falta y no esté sesgada por juicios de valor. Finalmente, es esencial que se asegure inmunidad a quien denuncie prácticas anticompetencia, esto con el propósito de facilitar su identificación. Estas consideraciones deben tomarse en cuenta al momento de discutir la propuesta, y parece que no está sucediendo. De no cuidarse los detalles, el objetivo se quedará corto o tendrá efectos adversos.
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