El pasado domingo 20 de enero, se realizó una consulta ciudadana en el perímetro sur-poniente de la delegación Cuauhtémoc para conocer la opinión de los vecinos respecto a la instalación de parquímetros en la zona. Sin ahondar en la polémica materia de la consulta (cobrar por el uso de un espacio público), es necesario traer al análisis la eficiencia de este mecanismo de participación civil. Al igual que el referéndum y el plebiscito, la consulta es regulada por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal pero, a diferencia de las primeras, los resultados de la consulta no son vinculatorios para la autoridad. Ante esta situación cabe preguntarse, ¿es útil realizar dicho ejercicio si al final la autoridad tiene la opción de decidir con independencia del veredicto ciudadano?
Es importante apuntar que la aspiración democrática no se restringe al intermitente ejercicio del voto en la elección de representantes, sino que implica la existencia de una sociedad participativa que cuente con los canales idóneos para influir en las decisiones públicas. En países como México, estos mecanismos pueden servir como válvulas de escape en contextos de crisis de representación política, pues brindan a los ciudadanos la oportunidad de decidir sin intermediarios. La pretensión básica de dichos ejercicios es aportar legitimidad a una decisión política para así generar una base social que facilite su implementación. Sin embargo, toda consulta implica la posibilidad de que la ciudadanía se pronuncie en contra (lo que pondría en jaque la ejecución de una política pública sin importar su conveniencia) o que se conduzca con apatía hacia el ejercicio.
El éxito de una consulta requiere de una estrategia de comunicación eficaz que permita informar las ventajas de determinada medida y logre crear interés para incentivar la participación civil. La baja participación produce dudas hacia la representatividad de los resultados y, por ende, merma la legitimidad de la opción vencedora. En el caso de los parquímetros, sólo el 14% de los residentes de la zona acudió a emitir su voto. ¿Cuánto de la baja asistencia se debió al desinterés producido por conocer la falta de obligatoriedad de los resultados? (para qué participar si la decisión ya está tomada). Si el único objetivo es conocer el sentir de la sociedad, por qué no sustituirla por una encuesta y de paso ahorrarse el despliegue de casillas y funcionarios. La otra opción es realizar ajustes a la ley para que los resultados sean vinculatorios. Esto último, también implica la existencia de reglas claras que impidan cuestionamientos a la imparcialidad del ejercicio. Con esto en mente, se podría facultar al Instituto Electoral del D.F. para que organice los comicios y garantice certeza en los resultados, no sólo a que preste materiales y mamparas como sucedió en este caso.
En México, los mecanismos de participación ciudadana se encuentran en ciernes, lo que genera un área de oportunidad para mejorar su diseño y evitar que su uso se trivialice. Ahora bien, entender sus límites en los asuntos de gobierno es el primer paso para hacer un buen uso de estos mecanismos. La experiencia (y el sentido común) indica que no todos los temas debieran ser sometidos a votación ciudadana (por ejemplo, casi nadie votaría a favor de más impuestos). Ciertamente, usados con prudencia, dichos mecanismos pueden contribuir de forma positiva a empoderar a la ciudadanía y generar un sano contrapeso a las decisiones gubernamentales. No obstante, a la fecha, los ejercicios de participación ciudadana han fungido como herramientas de manipulación política o, peor aún, como una forma de deslindarse del pago de costos electorales ante la toma de decisiones controversiales. Al final de cuentas, gobernar es decidir.
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