Yo consumo, tú consumes, nosotros formamos parte de una sociedad del consumo. Todos los mexicanos, sin importar si somos pobres o ricos, tenemos necesidades y caprichos que sólo se pueden satisfacer cuando intercambiamos nuestro dinero por algún bien o servicio.
Recuerdo perfectamente el día en que me convertí en ciudadano: fue el 6 de julio de 1988, cuando por primera vez emití mi voto en unas elecciones presidenciales. Pero no recuerdo el día en que me convertí en consumidor. Desde que un bebé es destetado y se le ofrece un biberón con leche en polvo, esa criatura comienza a ser consumidor aunque le falten cerca de 18 años para convertirse en ciudadano. En México, vivimos 69 millones de ciudadanos con derecho al voto y 103 millones de consumidores.
El IFE y el Tribunal Electoral son dos instituciones clave que garantizan y protegen el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. La Procuraduría Federal del Consumidor (PFC) defiende los derechos del ídem y la Comisión Federal de Competencia (CFC) intenta limitar la presencia de monopolios que imponen sus precios a millones de clientes cautivos. El IFE es un organismo clave de la democracia, la PFC y la CFC son fundamentales para el buen funcionamiento de la economía de mercado.
Si el presupuesto de una institución es una señal de su importancia, a nuestros diputados les interesan más los partidos políticos que los consumidores. Durante el 2006, el PRI y el PAN gastarán, cada uno, más dinero que el presupuesto combinado de la PFC y la comisión antimonopolios. En el gobierno y en la vida hay muchos problemas que no se resuelven con dinero, pero si tienes que enfrentar en los tribunales al equipo jurídico de Telmex ¿no te gustaría contratar al mejor despacho de abogados que te permita tu presupuesto?
Consumir, como votar, es un acto de escoger y cancelar opciones. Al elegir un producto o un candidato desechamos a sus competidores. Como ciudadanos, la prensa y los medios electrónicos nos dan información para seleccionar entre la oferta de partidos políticos y aspirantes presidenciales. Como consumidores tenemos que hacer un acto de fe y confiar en las marcas y los proveedores de nuestra preferencia. ¿El agua embotellada que bebo a diario tendrá bichos? ¿El pollo que comió mi familia ayer fue alimentado con hormonas para acelerar su crecimiento? ¿En la gasolinera me dieron litros chuecos o completos? ¿Cómo puedo cancelar mi contrato con la compañía de teléfonos celulares? ¿Qué tan seguro es el coche que pienso comprar? Estas son las preguntas que hacemos cotidianamente antes de gastar nuestro dinero. Tener una autoridad confiable que nos responda estas dudas fortalece nuestro poder en la economía.
¿Has escuchado a un candidato presidencial que haya hablado en favor de proteger nuestros derechos como consumidores? Yo tampoco. En las 229 páginas que detallan los 50 compromisos de López Obrador, la palabra consumidor aparece dos veces: la primera habla de los “consumidores de agua” y en otra se refiere al “índice de precios al consumidor”. Para AMLO el consumidor mexicano simplemente no existe. En la propuesta de Felipe Calderón se menciona un par de veces a los consumidores, la primera como referencia a los “grandes consumidores de energía” y una segunda ocasión propone crear un sistema que apoye “a los consumidores en la toma de decisiones”. En el libro de propuestas de Madrazo, la palabra aparece en cuatro ocasiones: dos veces en un párrafo sobre problemas agrícolas y en otra ocasión se refiere a los consumidores pero de Estados Unidos. Al final del texto del priista hay una tibia referencia sobre la importancia de que los consumidores cuenten con “información adecuada y suficiente”. Ni Calderón ni Madrazo explican su plan para que los mexicanos podamos tomar decisiones más informadas a la hora de comprar.
El consumidor es el gran ausente en los discursos y las propuestas de los candidatos. Si se olvidan de nosotros en tiempos de campaña, cuando están urgidos de votos, ¿qué ocurrirá cuando lleguen al poder.
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