La solicitud de investigación firmada por un grupo de 23 mil ciudadanos ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), además de que despertó una reacción inicial desproporcionada del Gobierno Federal, logró despabilar a un amplio grupo de abogados -funcionarios y no funcionarios, expertos e inexpertos- que se han dado a la tarea de exhibir las debilidades de la solicitud. La respuesta de algunos funcionarios federales ha considerado la posibilidad de que, ante la notable inviabilidad de la denuncia, se trate de un acto electorero impulsado por un pequeño grupo que, además, ha logrado contaminar la legítima búsqueda de justicia de la mayoría de los firmantes de la petición. Ante ese escenario surgen dos preguntas. La primera es si acudir ante la CPI es del todo obsoleto y, la segunda, si algún partido político podría utilizar este escándalo a su favor.
Respecto al primer punto, la viabilidad y pertinencia de una solicitud de investigación ante la CPI no sólo aplica cuando se trata de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra. El Fiscal General de la CPI, Luis Moreno Ocampo, ya ha advertido que la tarea de abrir investigaciones no se da solamente cuando hay casos de crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, también ocurre cuando los Estados nacionales no hacen las investigaciones criminales debidas. Esa ha sido la amenaza latente que ha recibido Colombia en los últimos años por su incapacidad de poner fin al conflicto interno, por los crímenes que aún cometen las guerrillas en contra de la ciudadanía y por la existencia de casos documentados de violación a derechos humanos que aún no reciben castigo. Es en ese tono, más que en el de enjuiciar al Presidente Calderón, en el que una intervención de la CPI podría ser concebible. Esta doble función en el caso colombiano, de acompañamiento y presión para activar su sistema de justicia, podría ser replicada en México.
En el segundo punto, entre la complejidad del marco jurídico internacional y el ánimo electoral que ya se vive en el país, la tentación de atribuir las acusaciones a una estrategia electoral en contra del partido en el poder es natural. Lo que no puede dejar de observarse es que, de acuerdo con la última consulta Mitofksy sobre inseguridad, a pesar de que el 44% de los entrevistados opina que el Presidente Calderón no ganará la batalla contra el crimen organizado, 86% está de acuerdo en aumentar el número de soldados en las ciudades del país. Lo que muestran los datos es una aprobación abrumadora a la estrategia del Gobierno Federal, aún cuando no fuera la ganadora. El partido político o candidato que se presente como un claro detractor de la estrategia actual probablemente tendrá que asumir los costos políticos de hacerlo.
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