En México hay un virtual consenso sobre la importancia del crecimiento económico como factor de movilidad social, generación de riqueza y disminución de la pobreza. A pesar de esa obviedad, llevamos años sin poder determinar, ni mucho menos atacar, las causas del pobre desempeño que ha caracterizado a la economía del país. Se han hecho muchos esfuerzos por reformar la economía, elevar la productividad, atenuar la pobreza y, sin embargo, los resultados son magros. En este contexto es que es particularmente interesante la tesis de que al menos una parte importante de los pobres resultados económicos que hemos experimentado se debe a una serie de contradicciones que emanan de la política social.
Además del consenso sobre el crecimiento como un factor clave para el desarrollo, los economistas también comparten la noción de que la productividad es el factor determinante del crecimiento económico y del bienestar de la población. Mientras mayor la tasa de crecimiento de la productividad, mayor el crecimiento económico y mejores los ingresos de la población. La productividad crece en la medida en que los trabajadores van cambiando de empleos poco productivos hacia actividades de mayor valor agregado, algo que normalmente tiene que ver con la introducción de nuevas tecnologías. En abstracto, el consenso sobre estos conceptos es prácticamente universal. Los problemas comienzan en cómo lograr que esto suceda en la vida real.
En términos generales, la discusión sobre los problemas del crecimiento económico en el país se ha centrado en temas como los costos de la energía, el efecto de las distorsiones que causan los monopolios de electricidad, comunicaciones y petróleo, los endebles derechos de propiedad, rigideces en el mercado laboral, el sistema educativo, la enclenque recaudación fiscal o los míseros niveles de inversión en infraestructura. Todos estos son sin duda factores que impactan al desempeño de la economía. Sin embargo, como argumenta Santiago Levy en un extraordinario libro que publicó recientemente*, sin menospreciar todos esos elementos, hay otras posibles explicaciones para el fenómeno que caracteriza a nuestra economía.
Para Santiago Levy, excepcional analista y funcionario público, hoy economista en jefe del BID, un problema medular de la economía mexicana reside en la existencia de una política social contradictoria e incoherente que incentiva a los trabajadores a buscar empleos poco productivos, en tanto que propicia que las empresas inviertan en proyectos rentables pero de poco impacto social. En otras palabras, que la política social no es consistente y esa inconsistencia se traduce en incentivos que tienen el efecto de perpetuar una tasa muy baja de crecimiento de la productividad.
En concreto, su argumento es que algunos elementos clave de la política social, como el seguro popular, que sólo está disponible para quien no tiene un empleo formal (y, por lo tanto, no tiene acceso a los sistemas de salud), lleva a que la gente se mantenga en la informalidad, lo que implica que seguirá en actividades económicas de muy baja productividad. El conjunto de medios orientados a proteger a la población de diversos riesgos de salud, pobreza, desigualdad, etc. tiene por efecto el de propiciar que la gente no entre a la economía formal. El no hacerlo tiene efectos por demás perniciosos: se perpetúa la agricultura de subsistencia se subsidian las formas más ineficientes de auto empleo, se toleran formas ilegales de empleo asalariado y, en una palabra, se hace imposible que los trabajadores busquen empleos más productivos o que las empresas se aboquen a su propia modernización mediante la adopción de nuevas tecnologías. Es decir, la política social acaba impidiendo que se creen las condiciones para que la economía pueda crecer.
El argumento de Levy resulta ser escandaloso y se fundamenta en un acucioso análisis estadístico que concluye que, lejos de resolver o atenuar los problemas de desigualdad que caracterizan a nuestra sociedad, la política social constituye un fardo para el proceso de desarrollo. Levy es muy claro en que el problema no es de intenciones o buena fe ni tampoco propone eliminar la política social, algo que sería absurdo para la persona que concibió el programa Progresa, antecesor al actual Oportunidades. Más bien, la tesis que Levy esgrime es que algunos de los programas que integran la política social tienen efectos no anticipados como el de impedir que la gente entre a la economía formal (donde la absorción de tecnologías nuevas es casi automática), lo que lleva a que se perpetúe la informalidad, donde el efecto es exactamente el contrario. De esta forma, una buena idea, como el seguro popular, acaba siendo una trampa porque incentiva la permanencia de la informalidad; de hecho, premia la informalidad.
En suma, el argumento de fondo es que la política social incentiva la informalidad y la informalidad disminuye la productividad del conjunto de la economía mexicana. Lo que es peor, estos incentivos perpetúan la pobreza porque son los pobres quienes mayor probabilidad tienen de ser informales. De ahí que la propuesta de Levy sea que es imperativo redefinir la política social, hacer universal la cobertura de la seguridad social (para eliminar el incentivo a quedarse en la informalidad por no tener acceso a instituciones de salud) y modificar la política fiscal para que, por vía de impuestos al consumo, se financie un amplio programa de redistribución del ingreso hacia la población más pobre del país.
Las buenas intenciones, nos dice Santiago Levy, tienden a tener costos ocultos muy elevados y extraordinariamente perniciosos.
Derechos de la niñez
UNICEF-México está convocando tanto a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a las promoción y protección de los derechos de la niñez y los adolescentes como a todos los investigadores, académicos, estudiantes de nivel superior y posgrado a participar en sendos concursos sobre las mejores prácticas para la protección de los derechos de los niños y los mejores trabajos de investigación en estos temas. Se trata de un gran esfuerzo por concienciar a la sociedad mexicana de los temas de la niñez, promover estudios y proyectos sobre estos temas y, sobre todo, avanzar en la protección de estos derechos tan fundamentales. En un país caracterizado por tanto abuso de la niñez –baste observar el trágico fenómeno de los niños de la calle- el esfuerzo de UNICEF México debe ser apoyado por todos.
*Good Intentions, Bad Outcomes: Social Policy, Informality, and Economic Growth in Mexico, The Brookings Institution, 2008
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