Es difícil culpar al Diario de Juárez, un medio profesional y combativo desde hace varios años, por pedirle al crimen organizado alguna clase de señal para “saber a que atenerse”. No se está solicitando una tregua, sino una aclaración sobre las reglas del juego frente a las que denomina, como muchos otros juarenses, “las verdaderas autoridades”. El mensaje es claro: ante la impunidad, la verdadera ley es la del delincuente, una ley arbitraria y violenta.
La impotencia del medio y los ataques que ha sufrido le hicieron, quizá, adelantarse en sus juicios –sin que la investigación hubiera avanzado se declararon víctimas del crimen organizado. Muchos otros lo hubieran hecho –y lo han hecho– exactamente igual. El crimen organizado es, hoy por hoy, el vector en el que convergen los peores temores de los habitantes de Ciudad Juárez.
Si bien es perfectamente posible que el asesinato no haya tenido que ver con un afán de intimidación del crimen organizado, el discurso del Gobierno ha sido apresurado e injusto. Está también perfectamente claro que no es posible pactar con el crimen organizado, que no puede controlarse a sí mismo desde hace varios años. Sin embargo, denunciar al Diario de Juárez resultó francamente inapropiado.
El Gobierno Federal debe tener la capacidad para atender no sólo la realidad, sino de hacerle frente también al hecho de que la sensación de impotencia y temor, justificada o no, pesa en el ánimo de muchos de sus ciudadanos. Si la estrategia habrá de ganar legitimidad, es tiempo de que antes de revictimizar a las víctimas, debe ofrecerse alguna clase de alivio a la población. Es una tarea ardua, pero ya es impostergable.
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