La caída en los ingresos públicos y el consecuente recorte presupuestal de 85 mil millones de pesos para el 2010 ha puesto en jaque a los gobiernos estatales y amenaza con llevar a la quiebra a muchos municipales. La crisis pone en evidencia la debilidad institucional del modelo de transferencias federales, por la dependencia casi total de estados y municipios. Si bien la alternancia y la bonanza petrolera trajeron a los gobiernos locales un presupuesto nunca antes visto, no se construyó la capacidad institucional y los incentivos para un gasto responsable y eficiente. Es así que a pesar de la histórica cifra recibida por los estados y municipios en 2008 –que alcanzó 423 mil millones de pesos, 21% más que en el 2007– éstos no supieron ni gastarlo, ni ahorrarlo correctamente, sino que aumentaron su base de gasto como si todos los años fueran de bonanza. El problema de fondo es la separación entre las responsabilidades de recaudación y gasto, sumada a la mayor opacidad y falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos a nivel local. Sin embargo, crecen las voces para rescatar a los municipios en quiebra y aumentar la descentralización del gasto. El peligro está en que no se habla de cambiar las causas que provocaron el desequilibrio y que rescatar a los municipios en aprietos plantea un problema de riesgo moral. A futuro, el mensaje para los alcaldes sería que el despilfarro se recompensa con un cheque de rescate.
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