Las crisis mexicanas de los ochenta y noventa siguieron dos dinámicas perfectamente diferenciadas: por un lado exigieron una corrección fiscal que disminuyera el déficit en las cuentas gubernamentales y, por el otro, gracias a la competitividad que creó la devaluación del peso en cada una de esas ocasiones, abrieron ingentes oportunidades para que la producción nacional, sobre todo la manufacturera, comenzara a crecer vía la exportación. La crisis actual es diferente porque no hay a quién exportarle dado que la crisis no es nacional sino mundial. Las implicaciones de esta circunstancia son enormes y van a exigir una enorme capacidad política que hoy parece vulnerada.
La economía mexicana lleva décadas creciendo muy modestamente. Las cosas iban bien hasta mediados de los sesenta: después de eso, todo ha sido mediocre en este rubro. Aunque se experimentaron tasas elevadas de crecimiento en los setenta, la causa de ese desempeño se remite al excesivo endeudamiento y a los elevados precios de petróleo que caracterizaron a ese periodo. Tan pronto desaparecieron esos dos elementos del horizonte, la economía se estancó en términos per cápita. Hubo años buenos, pero el promedio ha sido raquítico.
De hecho, prácticamente todos los años buenos, y casi todos los procesos productivos exitosos en estos años, se deben a la exportación, al TLC norteamericano y a la creciente competitividad del aparato productivo vinculado al exterior. No así el resto de la economía que, con excepciones, ha mostrado un desempeño mediocre y una patente incapacidad por elevar sus índices de productividad.
La tragedia de la crisis actual reside precisamente en este punto: se ha contraído la demanda por los productos y servicios en que somos muy competitivos y el resto no nos da para un sustento comparable. Algunas propuestas de solución -como elevar el gasto de inversión en infraestructura- podrían ayudar en el corto plazo, pero el problema es que no hay capacidad productiva suficiente (en términos de los economistas, el problema de México es de oferta y no de demanda) y eso implica que la inflación podría crecer en un santiamén. La verdad es que el país requiere una revolución productiva que incremente la inversión privada para que se eleve la oferta y eso transforme y modernice a la economía en su conjunto.
La crisis económica estadounidense ha afectado nuestras exportaciones y no nos da una salida fácil como las que ocurrieron en las décadas pasadas. De hecho, los dos sectores más importantes para las exportaciones mexicanas –automotriz y construcción- son los más golpeados y los que, presumiblemente, más tardarán en recuperarse. En su proceso de ajuste, los norteamericanos están elevando sus niveles de ahorro, reduciendo deudas y disminuyendo su consumo. Al mismo tiempo, las otrora grandes empresas automotrices están al borde de la quiebra y no es de esperarse que se recuperen pronto, e incluso podrían desaparecer.
Todo esto indica que cualquier mejoría que nosotros podamos llegar a experimentar va a depender de lo que se haga internamente. Cerrada temporalmente la salida exportadora, todo está sujeto a la capacidad de transformación que experimente nuestra economía y eso requiere profundas reformas, precisamente de esas que nuestros gobiernos y legisladores llevan años evadiendo.
Algunos promueven soluciones proteccionistas lo que, en nuestro contexto, implicaría apostar por toda la parte vieja, poco productiva e inviable de nuestra economía: es decir, implicaría aumentar la pobreza. La única alternativa positiva, transformadora, sería la de cambiar de enfoque y comenzar a otear un futuro distinto: un futuro en el que el petróleo disminuye en importancia, tanto como fuente de financiamiento del gobierno y como generador de demanda interna, y un futuro en el que la planta productiva se transforma para darle salida al potencial de toda la población, potencial que siempre ha sido deprimido.
Los temas que requieren nuevos enfoques no son novedosos, pero no por eso dejan de ser fundamentales: se requiere resolver el problema de las finanzas públicas de una manera permanente y eso implica el IVA parejo y sin excepciones. Se requiere abrir la inversión en sectores protegidos como el petróleo para crear nuevas fuentes de energía y demanda. Se requiere desatar las capacidades productivas de la población, lo que implica eliminar obstáculos en terrenos como el laboral, la permisología (y otros obstáculos) y confrontar la ausencia de competencia en sectores clave como el energético y las comunicaciones. Al mismo tiempo, sería indispensable enfrentar a los llamados poderes fácticos, sobre todo sindicales, en áreas que son vitales para el desarrollo y donde el statu quo no hace sino cancelar cualquier posibilidad de desarrollo.
Esta crisis nos ofrece posibilidades muy superiores a las imaginables. Por ejemplo, de existir un entorno idóneo (infraestructura, regulaciones, clima de negocios) capaz que México puede ser parte de la solución a la quiebra de las automotrices estadounidenses. Pero eso no se dará a menos de que se creen esas condiciones.
Ninguna de estas cosas, u otras que pudieran contemplarse, son novedosas. Pero cualquiera que se decida atacar implica una capacidad de articulación política, una capacidad de negociación, que hoy no existe. Peor, estamos viendo la destrucción de la única alianza que en las últimas décadas le ha dado al país una capacidad de reforma, así haya sido limitada e insuficiente. En su afán por evitar un colapso de su presencia en la cámara de diputados, el PAN decidió adoptar una estrategia de denuncia y ataque contra el PRI, el único partido capaz de darle los votos necesarios para enfrentar los extraordinarios desafíos que el país confronta en la actualidad y que, sin duda, se agudizarán en los años venideros.
La lógica de la estrategia panista es comprensible, pero es muy torpe porque las elecciones intermedias dependen más de la capacidad territorial de los partidos que de las grandes estrategias mediáticas. El gobierno puede acabar en el peor de los mundos: con una minoría muy reducida y sin capacidad de interlocución, es decir, nos deja ante la posibilidad de que el proceso legislativo quede paralizado por los siguientes tres años. Y con ello la oportunidad de aprovechar la crisis para construir una nueva economía, capaz de lograr elevadas tasas de crecimiento.
Esta es la primera crisis en décadas de la que no es culpable un mal manejo financiero por parte del gobierno. Sería una tragedia que por torpezas políticas acabemos saliendo peor de lo que entramos.
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