En el transcurso de los últimos días, Reforma publicó una serie de artículos donde se argumentaba que la Cruzada Nacional contra el Hambre, emprendida por decreto del presidente Peña, había seleccionado como municipios beneficiarios aquellos con un tinte electoral, más que de necesidad socioeconómica. Entre los argumentos se estableció la existencia de municipios lejanos de los índices más graves de pobreza, la selección de municipios con competidos comicios electorales, y el haber dejado fuera municipios con proporciones de población en extrema pobreza alta. Al realizar una revisión de los criterios de selección de la población objetivo del programa, si bien no existió error metodológico, el gran problema y la raíz de los señalamientos mediáticos giran en torno a una pifia plasmada en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, aunada a la penosa comunicación del equipo de Presidencia de la República y la Secretaría de Desarrollo Social.
De inicio, en su artículo tercero, el decreto adolece, tanto de una ambigüedad, como de un error, en la selección de la población objetivo. Por un lado, la ambigüedad se encuentra en los criterios de selección en tanto que establece solamente que se realizaron “en base (sic.) en la incidencia de pobreza extrema, así como en el número de personas en esta condición y personas con carencia de acceso a la alimentación”. Por otro lado, el error parte de establecer a los 400 municipios como la población objetivo cuando, de inicio, la población objetivo no eran municipios, sino personas, 7.4 millones de ellas. Tomando en cuenta estos dos puntos, el gobierno generó su propia incapacidad de responder ante los cuestionamientos de la opinión pública y de miembros de la oposición. La cifra de 7.4 millones de pobres extremos proviene de estimaciones del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) de 2010, construidas utilizando ciertos indicadores. Entre éstos se utilizaron indicadores absolutos y relativos de pobreza, particularmente el porcentaje de personas en pobreza extrema y carencia de acceso a la alimentación (datos que utiliza Reforma), y el número total de pobres extremos y personas con carencia de acceso a la alimentación (datos que no utiliza el mencionado diario). Adicionalmente, existió un peso relevante particular a la pobreza en zonas urbanas, en tanto que muchos programas se han enfocado al ataque en pobreza rural –entre ellos Oportunidades. Así, por el volumen total de personas en la situación de pobreza definida, delegaciones como Álvaro Obregón o el municipio de Puebla entran dentro de los municipios seleccionados (éste último es el segundo municipio con mayor número de pobres extremos). Por otro lado, aun cuando el municipio de Zirándaro, Guerrero, tiene un 57.4% de sus habitantes en pobreza extrema, su población, según el Censo de Población y Vivienda 2010, era solamente de 18,813 personas, es decir, el 1% de la población de Iztapalapa (delegación dentro de los 400 municipios seleccionados).
Por lo tanto, el gran error de estrategia política fue haber establecido sin transparencia y claridad la parte técnica de selección de población, para proteger –pensando mal— un fin político detrás. De querer usar esta herramienta como mecanismo electoral, lo defendieron muy mal de inicio. Si sólo hubieran establecido con claridad el criterio técnico de selección ya previamente avalado por el CONEVAL bajo la administración anterior, y de existir un fin electoral, habrían tenido una política pública de transferencia directa de recursos a los ciudadanos con alto potencial de generar cambios positivos a favor del tricolor sobre los resultados electorales –sobre todo en bastiones de otros partidos como las delegaciones del D.F. (en especial las más pobladas)—y fuera de la luz pública. El nuevo gobierno sigue padeciendo su incomprensión de que, a diferencia de lo sucedido en el pasado, todo lo que diga y haga podrá ser usado en su contra.
Al final, no existe programa gubernamental que no tenga objetivos políticos. Suponerlo constituye una ingenuidad. Por otro lado, no es evidente que los niveles actuales de pobreza pudieran haber disminuido mucho más con los recursos existentes. El riesgo para el gobierno al dar un viraje es que, ni consiga los votos, ni reduzca la pobreza.
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