La legislación actual mexicana permite la portación para consumo personal de máximo cinco gramos de marihuana, pero su producción, comercio, traslado y venta son actividades que se encuentran prohibidas en la legislación federal. Este esquema es una paradoja, pues aunque consumir marihuana en México no es necesariamente un delito, sólo se puede realizar si se cometen una serie de supuestos para su producción y comercio que sí constituyen uno. Partiendo de esta contradicción y atendiendo uno de los puntos pendientes en la agenda social del partido, legisladores federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron un proyecto que permitiría aumentar la cantidad permitida de portación de marihuana, así como su producción y comercio con fines medicinales, a través de una eventual modificación de la Ley General de Salud y el Código Penal Federal. Por otra parte, una fracción perredista de Asamblea Legislativa del DF, además de apoyar la pieza legislativa federal, impulsó a nivel local un paquete de iniciativas que buscan regular la venta de inhalantes a partir de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el DF, así como impulsar campañas de prevención; es decir lo posible y estratégicamente correcto en la materia.
Estos proyectos intensificaron el debate sobre la despenalización y regulación de las drogas en México y se volvieron a escuchar los ya conocidos argumentos a favor y en contra desde el punto de vista moral, de salud pública y de seguridad. Igualmente, se han explorado los beneficios que este tipo de políticas públicas tienen en el aspecto económico, ya sea a través de la potencial recaudación de impuestos adicionales o por ahorros en los recursos que se encausan para sancionar su producción y comercio a través de los aparatos de seguridad y justicia del estado. Es indispensable discutir con seriedad y rigor los argumentos que esgrimen todas las posturas para generar un debate serio e informado. Pero más allá de los análisis, el panorama para esta iniciativa se antoja complicado, principalmente por ser un tema de agenda local que requiere cambios a nivel federal.
Sin importar la escasa viabilidad, sectores del PRD decidieron seguir adelante e inmediatamente se hizo evidente el conflicto entre facciones al interior del partido. Ni bien se había presentado el proyecto que encabezan dos asambleístas (Vidal Llerenas y Estela Damián), un senador (Mario Delgado) y un diputado federal (Fernando Belaunzarán), cuando las principales facciones del PRD ya habían expresado su postura. A nivel local, los legisladores que integran Izquierda Democrática Nacional (IDN) señalaron a través de un comunicado que el proyecto es una propuesta a título personal por parte de quienes lo promueve y que no representa a toda la fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa. En el mismo sentido se pronunció la diligencia nacional de esta corriente e incluso el delegado de Iztapalapa. Por otra parte, Martí Batres, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expresó su intención para que se realice una consulta popular al respecto por tratarse de un tema controversial.
Con tan poco acuerdo dentro del partido y tratándose de un asunto que escapa a la competencia directa del DF, ¿qué impulso a dos perredistas identificados con la corriente de Jesús Ortega y a dos cercanos a Marcelo Ebrard a abrir este debate? Tal vez se trate de un giño a la izquierda progresista y liberal del DF que comienza a sentirse insatisfecha con la administración actual de la ciudad y corren el riesgo de convertirse en capital político de la oposición, principalmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otra posibilidad es que sea un intento por diferenciar las facciones que existen en el partido a partir de ese tema: los chucho-marcelos (pro liberalización), Morena (restriccionistas), y los bejaranistas (pragmáticos). En este último caso, se trataría de una estrategia muy riesgosa, pues las probabilidades de que la iniciativa transite con éxito el proceso legislativo son remotas y las probabilidades de que esto se traduzca en capital electoral bajas. A su vez, el fracaso y las disputas internas sí suponen un alto costo tanto para la estructura del partido como para la imagen que se proyecta ente la opinión pública.
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