Los días 28 y 29 de noviembre, así como el próximo 2 de diciembre, el Gobierno del Distrito Federal, a través de tres casas encuestadoras, buscará saber si la ciudadanía está de acuerdo en subir el precio del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de 3 a 5 pesos por viaje. A pesar de los efectos negativos del precio subsidiado de este servicio de movilidad masiva, es bien conocido lo políticamente costosa que sería la decisión de aumentar su tarifa (la cual, aún con el aumento seguiría subsidiada en más de 50%). Esta parece ser la principal motivación que ha impulsado al gobierno capitalino a buscar un mecanismo que, en caso de problemas, le permita deslindarse de las responsabilidades de asumir dicha determinación. El sondeo en teoría legitimaría la decisión pero, si no lo logra, el gobierno no es responsable. Independientemente del resultado de esta encuesta en particular, es un despropósito gobernar a través de levantamientos de opinión para un Ejecutivo.
De entrada, elevar el costo del Metro debería ser una decisión técnica más que una decisión popular. Joel Ortega, director del servicio, afirmó que el aumento de 2 pesos en la tarifa generaría al año 3,000 millones de pesos adicionales, los cuales son necesarios para mejorar la infraestructura operativa –comprar y rehabilitar trenes para descongestionar las líneas, apostamiento de más elementos de seguridad, mantenimiento general de andenes, estaciones y maquinaria–, aunque aún sería insuficiente en cuanto a la ampliación de la red. El Metro operó durante el último lustro con cifras deficitarias promedio de 54% anual. Continuar postergando la eliminación o disminución del subsidio sería una irresponsabilidad. Así, aunque el gobierno del D.F. conoce –desde hace años—la urgencia de ir desmontando esta política, nunca ha tenido claro cómo hacerlo, ni desde lo técnico ni desde lo político.
La situación es todavía más peculiar cuando se le observa desde otra perspectiva: la falta de claridad se disipa cuando se trata de encarar las presiones de los privados que dominan el transporte público concesionado (camiones y microbuses). Ante las exigencias –y chantajes—de los concesionarios por elevar sus tarifas, la administración capitalina suele ceder, pese al pésimo y a veces infrahumano servicio que brindan a sus pasajeros. En estos casos, la autoridad no titubea y no ha recurrido a encuestas para legitimar una decisión más sustentada en “apagar un fuego político” que en mejorar las condiciones del transporte. Para el referente actual de la eventual alza en el Metro, el uso de las encuestas se percibe como una forma de buscar escudar a Miguel Ángel Mancera de sus responsabilidades por gobernar.
Durante su campaña por la jefatura de gobierno, Mancera enarboló el lema “decidiendo juntos” (adoptado, por cierto, de la precampaña de Carlos Navarrete para el mismo cargo) con el propósito de, a través de una serie de encuestas, conocer los problemas y soluciones propuestas de cada colonia de la Ciudad de México. Como mecanismo de campaña, el uso de las encuestas resulta permite conocer las necesidades de los votantes pero no sirve para justificar la toma de decisiones de política pública en el ejercicio del poder conquistado. Para la adopción de políticas necesarias (aunque pudiesen ser impopulares), resulta un sinsentido preguntarle su opinión a la gente porque esta será, previsiblemente, de repudio. Si el resultado de las encuestas indica que la gente rechaza el aumento, ¿el gobierno de la capital optará por no aumentar el precio pese a haber ya enviado su propuesta a la Asamblea Legislativa o mentirá respecto al resultado? Las decisiones impopulares, pero necesarias, se deben tomar pese al costo político que pueden generar. Se supone que para eso fueron votados como gobernantes, y más en el caso de Mancera que casi logra 70% del voto. Peor, esto resulta más difícil de entender cuando Mancera no está aprovechando el bono –ciertamente cada vez más abollado—de esa holgada victoria en las urnas el año anterior. Hasta los dos antecesores al actual mandatario capitalino se “aventuraron” a ajustar el precio sin una consulta o encuesta de por medio (López Obrador en 2001 y Ebrard en 2010). No obstante, el sello de Mancera parece ser “decidir juntos, para no decidir”. La pregunta es si el control que ejerce el PRD en el Distrito Federal es tan fuerte que todo lo aguanta.
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