La disputa por la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está en curso y su trascendencia es mayor. Luego de 10 años al frente José Luis Soberanes concluye su gestión con un legado cuestionable: crisis de liderazgo, división, promoción de intereses personales y de sus aliados, así como falta de legitimidad. Postulantes y postulados ya iniciaron sus esfuerzos por posicionar su candidatura haciendo leña del árbol caído.
El relevo en la CNDH es particularmente trascendente en este momento por varias circunstancias. En medio de la batalla contra el crimen organizado y con el ejército en las calles ejerciendo funciones policíacas –en ocasiones como único instrumento para combatir al narco ante la debilidad policial– las acusaciones por violaciones a los derechos humanos ponen al Gobierno Federal en una posición compleja, ya que se encuentra comprometido con el ejército.
También en el terreno del Ejecutivo, el reciente nombramiento de un Procurador de bajo perfil y muy cuestionado en el ámbito de los derechos humanos, es un tema que preocupa ante el ingreso de un nuevo ombudsman.
En el proceso de relevo acordado para definir al sucesor, además de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, se incluyó a la de Justicia y Estudios Legislativos –en las que PAN y PRI llevan mano– a pesar del descontento de la izquierda que también ve en esta posición la oportunidad de colocar a un personaje afín.
El peligro en esta ocasión –cómo en todos los organismos autónomos recientemente– es que la selección se lleve a cabo bajo una negociación política poco clara y que privilegie el reparto de posiciones entre grupos y no necesariamente al mejor candidato.
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