Despliegue militar en Michoacán: ¿un desalentador deja vu?

Administración Federal

Ya para nadie es un secreto que Michoacán es el mayor foco rojo en materia de seguridad en México. Esta entidad es escenario de una compleja y explosiva mezcla de factores que abonan a la ingobernabilidad, entre los que se encuentran organizaciones criminales, grupos de autodefensa, protestas sociales y, por si fuera poco, un gobernador interino. Tras meses de dilación, el gobierno federal ha anunciado la movilización de sus fuerzas hacia el estado. Ante dicha noticia, resulta inevitable recordar el acto inaugural de la estrategia de seguridad calderonista: el despliegue del ejército en Michoacán. Sobre la similitud en las acciones, ¿estamos ante un desalentador deja vu o existen elementos para esperar un resultado distinto?
Esta semana, el secretario de Gobernación anunció –de forma escueta—las bases de la operación. En congruencia con la tónica de “coordinación” que tanto ha proferido la Federación, Osorio Chong explicó que la operación se regirá por un mando único a cargo de la Secretaría de la Defensa y buscando la participación de las autoridades municipales. Ésta es una importante diferencia con la estrategia calderonista, caracterizada por la total desconfianza a los gobiernos locales (a veces con sobrada justificación). Lo malo fue que nunca pudo sustentar formalmente dichas suspicacias; basta recordar el ridículo del Michoacanazo. Por ahora las fuerzas desplegadas se han dirigido a las comunidades protegidas por grupos de autodefensa, con la pretensión de pacificar la zona y sustituirlos en labores de seguridad. Esto no resultará sencillo, ya que estas agrupaciones se rehúsan al desarme argumentando que quedarían desprotegidos ante las organizaciones delictivas. El dilema gubernamental consiste en obligarlas a entregar las armas o “tolerarlas” con el riesgo de que desarrollen un conflicto mayor. Cabe recordar que las autodefensas han sido vinculadas con organizaciones criminales.
Por otra parte, un grupo de legisladores panistas ha sugerido la posibilidad de ejercer la facultad que permite al Senado desaparecer los poderes locales. Sin embargo, ¿a cuáles poderes se refieren? Los vigentes ya están “de facto” desaparecidos. Si bien hace seis años la situación criminal en Michoacán era grave, hoy la inseguridad ha escalado a niveles escandalosos. La intervención militar –que pretendía resolver el problema—provocó la fragmentación y dispersión de cárteles, y la subsecuente creación de autodefensas. Seis años atrás, el despliegue militar generó expectativas positivas, pero ese cartucho ha sido quemado y una mayor presencia federal ya no resulta promisoria. Aunque Osorio Chong advirtió que el ejército saldrá de Michoacán hasta restablecer la paz, lo cierto es que los efectivos militares no podrán asegurar de forma permanente y total la seguridad en la región. Sobre esto, recordemos que, en un primer momento, se argumentó que la presencia de las fuerzas armadas coadyuvaría en el fortalecimiento de la institucionalidad de los cuerpos de seguridad estatales. En la actualidad, el argumento sigue vigente, aun cuando la evidencia de su efectividad no exista. La pacificación que el ejército sea capaz de lograr no será sostenible si no se depuran y fortalecen, de manera paralela, las instituciones locales.
Resulta irónico que seis años después de que Calderón eligiera a Michoacán como el primer objetivo de su combate contra la delincuencia, sea esta misma entidad el primer laboratorio para probar la estrategia del nuevo gobierno. El gobierno actual tiene ante sí el desafío de virar el énfasis de la acción militar hacia la institucionalización estatal, algo que ha sido una añoranza en extremo discutible. Mientras no se imponga el orden, entendido como el ejercicio efectivo del estado de derecho, sin exenciones, ni prerrogativas, a Michoacán no sólo le aguarda la descomposición total, sino convertirse en un foco de contagio para entidades vecinas.
La intervención federal en Michoacán tiene otra connotación relevante; detrás de la diferencia en concepción (porque todavía no hay claridad respecto a diferencias de estrategia) entre el gobierno anterior y el actual yace un factor clave: se trata de una distorsión o de una nueva realidad. Los críticos de Calderón siempre argumentaron que, más allá de su estrategia, el problema fue haber roto la paz implícita, los equilibrios, que de facto existían con el crimen organizado. Calderón partió del principio de que la realidad era nueva y requería un enfoque distinto. A su llegada, el gobierno actual aceptó tácitamente la tesis de que Calderón había “golpeado al avispero” y que esa fue la causa de la violencia. Con su entrada en Michoacán, el nuevo gobierno le concede al menos un punto clave a Calderón. La pregunta es si será más inteligente y diligente en el desarrollo de una estrategia susceptible de pacificar al estado y, de ahí, al país.

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