Tal como se hizo con la reforma político-electoral, la Cámara de Diputados dispensó el trámite en comisiones de la minuta enviada por el Senado sobre las modificaciones constitucionales que implicarán la histórica apertura del sector energético. A pesar de la toma de la tribuna central de San Lázaro por parte de diversas fracciones parlamentarias de la izquierda, los diputados han dispuesto un auditorio alterno para la discusión de la reforma energética. Si bien los legisladores estarán trabajando en condiciones adversas, de forma atropellada, y a altas horas de la madrugada, los cambios a la ley fundamental del país están listos para consumarse. La energética será el corolario de una serie de reformas dispuestas desde el inicio de la gestión del presidente Peña, todas enmarcadas en el artilugio negociador del Pacto por México. El gobierno federal prácticamente ha conseguido todo lo que ha propuesto en diversas materias, desde lo educativo, pasando por las telecomunicaciones, lo fiscal y ahora, lo relativo al sector petrolero y eléctrico. En poco más de un año, el Ejecutivo ha logrado tomar ventaja del bono político de encontrar a una oposición debilitada, aunado a amplios contingentes legislativos priistas, casi mayoritarios con sus socios Verde y PANAL, a fin de tender el escenario para la implementación de su proyecto de gobierno. Tras estos acontecimientos, y suponiendo que logra implementar lo que el legislativo ha aprobado, una suposición generosa, la pregunta es: ¿cómo hará la actual administración para capitalizar lo avanzado?
La vida del país no termina con la conclusión del periodo ordinario de sesiones del Congreso el próximo 15 de diciembre. Además de que las reformas constitucionales requerirán de leyes reglamentarias con el propósito de entrar en vigor de manera plena, el gobierno entra en una etapa crucial. La administración Peña entra en la etapa de la generación de resultados. Desde un punto de vista optimista para la oposición, el partido gobernante tendrá la responsabilidad de demostrar la existencia de un verdadero proyecto encaminado a hacer avanzar a México. Las polémicas reformas que han sido aprobadas en los últimos meses no son cuestión menor. No sólo fue el rompimiento del tabú del nacionalismo petrolero, sino la presunta recuperación de las riendas del sector educativo de las manos del sindicato magisterial, la modernización del marco jurídico en materia de telecomunicaciones con la intención de hacerlo más competitivo, el supuesto perfeccionamiento de las reglas para la transparencia y la rendición de cuenta vinculados con el uso de los recursos públicos, y la creación de un entramado de recaudación de impuestos que, bajo el punto de vista de las autoridades hacendarias, es lo más cercano a lo deseable. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno no ha aportado señales claras de contar con un rumbo específico. La mayoría de las reformas ha estado marcada por una pericia política de la que carecieron anteriores gobernantes, pero no por una modificación real de viejas prácticas que condujeron a México a resultados poco halagüeños. Los principales indicadores de lo anterior están encarnados en dos elementos básicos: la reconstrucción de un asistencialismo trasnochado y sin posibilidad de agenciarse de los recursos económicos de antaño, y la prevalencia de un sistema recalcitrante al combate contra la corrupción. Todo esto bajo un esquema de renovados controles políticos en todos los ámbitos.
Cierto, debido a su enorme riqueza, México ha sobrevivido incluso con las peores prácticas de Estado y sociedad. No obstante, esa suerte tiene caducidad. Las condiciones económicas y políticas del mundo contemporáneo urgen a los países a adaptarse bajo parámetros de competitividad, eficiencia, sustentabilidad y visión de futuro. Las reformas aprobadas a lo largo de 2013 no bastarán sin un proyecto y, por lo tanto, sin resultados visibles en un plazo razonable, medido en meses, no años. De nada valdrán los zafarranchos legislativos, los pactos con la oposición, ni la edificación de una imagen mediática desde la Presidencia de la República, si no vienen acompañados de un punto de inflexión que permita el despegue de la economía y la consolidación de un entorno favorable para el crecimiento del país en todos sus sentidos. Incluso la probable mejoría económica del año próximo será insuficiente si resulta no sostenible, resultado de circunstancias temporales (como el déficit fiscal) o de factores fuera del control del gobierno, como el crecimiento de la economía estadounidense.
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