En los últimos meses dos acontecimientos han marcado un punto de quiebre en el tema de inseguridad que vive el país: el secuestro de Fernando Martí y el atentado hacia la población civil en el grito de Independencia en Morelia. Ambos han generado reacciones limitadas frente al tamaño del reto:
* El caso Martí hizo despertar a las autoridades y a la sociedad ante el fenómeno del secuestro que se ha incrementado de manera alarmante en el último año. Las respuestas fueron, en general, de compromisos y buenas formas: la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que devengó en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (74 compromisos en abstracto), la creación de un Observatorio Ciudadano que pretende aglutinar demandas y presentar propuestas desde la sociedad civil y las marchas ciudadanas contra el secuestro en varias ciudades del país. Poco o nada se debate sobre causas y, sobre todo, sobre la urgencia de un proyecto de combate conjunto, de unidad que sume a todas las fuerzas políticas.
* El atentado con dos granadas en Morelia puso en alerta al gobierno ante la posible amenaza de un grupo terrorista operando con la intención de desestabilizar al Estado y atemorizar a la población. Las respuestas también han sido de cortas miras: presentar diariamente con bombo y platillo la captura de miembros algún grupo delincuencial (ya sea La Familia, la Flor, los Tamaleros, etc.) y ajustarse al periodo de 100 días para entregar cuentas del avance a los ciudadanos.
Sin embargo, el tema de seguridad se queda en el discurso institucional, no se percibe la estrategia, la respuesta del Estado ante el fenómeno del crimen organizado y el narcotráfico. Quizá el problema sea que no hay un consenso dentro del gobierno federal respecto a la estrategia a seguir. Las comparecencias de los secretarios de Seguridad Pública, Gobernación y del Procurador esta semana ante el Congreso evidencian aún más la falta de consenso para abordar el problema.
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