En los últimos 10 años los recursos ejercidos por los gobiernos locales representan alrededor de la tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación –para el 2011 ascenderán a poco más de 1.12 billones de pesos. La creciente demanda de recursos por parte de los gobiernos locales se ha financiado primordialmente de tres fuentes: transferencias federales, que constituyen aproximadamente 85% de su presupuesto total; recaudación de impuestos, que no rebasa el 15% en promedio ya que no están dispuestos a asumir los costos políticos de cobrarlos; y el endeudamiento, ya sea vía crédito bancario o bursatilización de las transferencias federales.
La deuda pública es un tema particularmente relevante al que hay que prestar atención, ya que comienza a ser una importante carga financiera para los gobiernos locales que limita sus decisiones de gasto (tanto en cantidad como calidad). En algunos casos, la deuda pública contratada por los estados supera los recursos que recibirán de la Federación vía participaciones y que, junto con los pasivos laborales (pensiones de la burocracia) pueden convertirse en el mediano plazo –incluso antes– en un verdadero dolor de cabeza, y no sólo para las finanzas públicas de estados y municipios.
El problema podría escalar a la Federación por dos aspectos: el primero, porque algunas instituciones bancarias y empresas calificadoras –quienes otorgan la certificación para la bursatilización de transferencias federales– asumen indirectamente, que el Gobierno Federal es una especie de “aval solidario” de los gobiernos locales, y respaldará su deuda en el momento en que no puedan pagarla. Ello podría generar una crisis financiera en el país parecida a la vivida por Argentina en el 2001; segundo, un excesivo endeudamiento de los gobiernos locales generaría una creciente presión sobre las finanzas públicas federales, ya que obligaría a la Federación a buscar nuevas fuentes de financiamiento –nuevos impuestos o incremento de los existentes– considerando que el ingreso petrolero proveerá cada vez menos recursos suficientes para financiar el gasto público. En resumen, primera llamada.
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