Después de tener mesas redondas con organizaciones civiles, especialistas e incluso el clero, el Presidente Calderón finalmente dialogó sobre la estrategia de seguridad con líderes de los partidos políticos y el Poder Judicial –próximamente lo hará con los gobernadores. Si bien este es un golpe político a favor del Presidente, que llega en un momento particularmente difícil, no se pueden tener expectativas muy altas. Aunque Calderón ha señalado en repetidas ocasiones que se requiere una estrategia que involucre a los tres ordenes de gobierno, tanto los líderes de los partidos como los gobernadores y los legisladores se han rehusado a darle un espaldarazo completo a la estrategia del Ejecutivo Federal.
La clase política está de acuerdo, en abstracto, que es necesario combatir al crimen organizado, los diputados, por ejemplo, han aprobado incrementos muy importantes en el gasto en seguridad pública federal. Sin embargo, ante el nivel de violencia, la estrategia de la oposición sigue siendo trasladarle el costo al Gobierno Federal y depender de las fuerzas federales para imponer el orden en los estados más inestables. De la misma forma, la gran mayoría de los opositores han sido sistemáticamente incapaces de presentar una propuesta integral alternativa a la estrategia presente. Algunos argumentan que se requiere una “política de Estado” sin detallar qué lineamientos podría seguir –más allá de apoyar con reservas la propuesta de contar con 32 policías únicas a nivel estatal. Otros, como el caso del PRD, sugieren que la legalización unilateral de las drogas sería una suerte de panacea para la violencia, sin proponer ninguna clase de diagnóstico elaborado al respecto.
Esto es particularmente preocupante, no sólo por el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, sino porque la Policía Federal comienza a revelar sus debilidades –como ocurrió con la revuelta de policías en Juárez– y el ejército sigue sufriendo el desgaste de funcionar como policía en un ambiente jurídico y político incierto y en el que las denuncias de violaciones a los derechos humanos continúan incrementándose. Existe un precario consenso en que la estrategia de seguridad puede reformarse o fortalecerse. El consenso que no existe es sobre cómo hacerlo y no hay visos de que se logre pronto.
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