La comparecencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, ante las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados fue útil, más que como ejercicio de rendición de cuentas de la glosa del Informe de Gobierno, como momento para que el Ejecutivo Federal posicionara mediáticamente su postura respecto a los mensajes que por varias semanas los distintos actores involucrados en la discusión presupuestaria han utilizado.
El PRI inició este periodo de discusión promoviendo una reducción en el IVA y denunciado los subejercicios en que ha incurrido el Gobierno Federal. Más allá de que esta propuesta no es compartida siquiera por los gobernadores priístas –podrían verse afectados en los montos que reciben de la federación– su objetivo fue hacer pagar al Ejecutivo el costo de defender que el IVA se quede como está.
El Ejecutivo ha respondido, además de con el amago de ejercer su facultad de veto al presupuesto, denunciando un incremento en la deuda de los estados de 40% en sólo año y medio. Su objetivo es contrarrestar la presión de los gobernadores por incrementar las transferencias federales y exponer su voracidad por más recursos sin importar que esto sea un riesgo para las finanzas públicas.
Si bien el gasto en los estados se ha posicionado como tema de discusión en la negociación presupuestaria, ha estado ausente el debate en torno al rediseño del marco normativo, tanto federal como local –recaudación, distribución de recursos a estados y municipios, reglas para la contratación de deuda, manejo y uso de la deuda y la transparencia efectiva del ejercicio del gasto público. Sin ello, cualquier tipo de negociación vinculada al presupuesto público sólo se limitará a determinar qué estados reciben mayores o menores recursos, pero no habrá garantía de mayor recaudación, un gasto de mayor calidad y una rendición de cuentas efectiva.
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