Dos sucesos en materia electoral adquirieron notoriedad esta semana: el blindaje de los candidatos para evitar inflitraciones del crimen organizado; y la manifestada incapacidad operativa del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de monitoreo de spots. Ambos son importantes por sus posibles consecuencias en el proceso electoral de 2012.
En el ámbito del blindaje es claro que existe un riesgo latente de conflicto político electoral basado en acusaciones y evidencia de la relación de candidatos con el crimen organizado. Es en esa lógica que los partidos -particularmente el PRD- demandan una certificación de sus candidatos que saben no será otorgada y que en el fondo no desean -ningún partido, inclusive el partido en gobierno, estaría dispuesto a que el Ejecutivo estableciera pseudo límites de entrada a la competencia de puestos de elección popular. Lo que en realidad buscan es que toda acusación futura del Gobierno Federal contra uno de sus candidatos sea vista como un acto con fines político electorales.
Respecto a la capacidad de monitoreo del IFE, un árbitro que anticipa tener ojos miopes, o incapacitados para dar seguimiento a los spots que aparecen en medios de comunicación y en teoría sólo él puede contratar, genera incentivos perversos para los partidos y las propias autoridades. Esta señal de la autoridad podría ser leída por los partidos como el banderazo para la adquisición de propaganda fuera de la norma. El problema de fondo, una legislación que no contempla la magnitud de los procesos y el actuar de los partidos.
Dos sucesos que vislumbran la naturaleza de los posibles conflictos de la elección de 2012.
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